por Francesca Nugnes, representante Europea de PBI Colombia

A 29 años de la Operación Septiembre Negro(*), las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó siguen enfrentando control armado, despojo territorial y abandono estatal. En esta entrevista, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, analiza la situación actual y destaca el rol fundamental de las mujeres en la defensa de la vida, el territorio y la construcción de paz.

(*) Equipo Nizkor. Informe sobre la compañía frutera Banacol, implicada en el acaparamiento de tierras y paramilitarismo. Disponible en: https://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/banacol.html

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Introducción

A casi tres décadas de la Operación Septiembre Negro, las comunidades negras, mestizas e indígenas de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, en el Bajo Atrato chocoano, continúan viviendo las consecuencias del desplazamiento forzado, el despojo territorial y la violencia armada¹.

En este contexto de profunda crisis humanitaria, las mujeres han desempeñado un rol central y sostenido en la defensa de la vida, el territorio y el ambiente. Desde la creación de mecanismos colectivos de autoprotección, como las Zonas Humanitarias y de Biodiversidad², hasta la reciente inauguración de la Casa de las Mujeres, su trabajo ha sido clave para sostener la resistencia comunitaria y abrir caminos de cuidado, memoria y construcción de paz.

En esta entrevista, Yohana López, Subsecretaria Ejecutiva de la Comisión de Justicia y Paz, reflexiona sobre la situación actual de las comunidades del Bajo Atrato, sus incansables esfuerzos para la construcción de Paz, los desafíos que plantea el control armado, los procesos de diálogo con grupos armados ilegales y la urgente necesidad de avances en las políticas de prevención y protección individual y colectiva para las personas defensoras de derechos humanos y ambientales, poniendo especial énfasis en la experiencia organizativa y el liderazgo de las mujeres en el territorio.

A 29 años de la Operación Septiembre Negro: una crisis que persiste

PBI: En el mes de noviembre, la Comisión invitó a la comunidad internacional, instituciones estatales y gubernamentales de Colombia y a PBI a dos días de conmemoración³ de los 29 años de la Operación Septiembre Negro, que, a través de asesinatos selectivos, masacres y terror ocasionó el desplazamiento de miles de personas de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó (Bajo Atrato – Chocó). ¿Cuál es la situación actual de las comunidades que habitan hoy estos territorios?

Yohana López: La situación actual de las comunidades negras y mestizas de las cuencas del Bajo Atrato, en especial Jiguamiandó y Curvaradó, es lamentable. Después de años de resistencia en defensa de la vida y el territorio, de sentencias a su favor por la sistemática violación de derechos humanos, de dos procesos de paz con las AUC⁴ y las FARC – EP⁵, y de tres años de un gobierno progresista que prometía el cambio de una política tradicional alejada de los territorios más afectados por el conflicto social y armado, su situación es crítica. Están sometidos al control socio-territorial de la estructura armada ilegal del autodenominado Ejército Gaitanistas de Colombia (EGC), quienes ejercen como única autoridad e implementan un modelo socioeconómico extractivista y desconocedor de los derechos fundamentales de los habitantes ancestrales.

(inauguración de la Casa de las Mujeres, Jiguamiandó, noviembre 2025)

La Casa de las Mujeres: organización, cuidado y construcción de paz

PBI: Durante la conmemoración, se realizó también la inauguración de la Casa de las Mujeres. ¿En qué consiste este espacio y qué destacas de esta experiencia?

Yohana López: La Casa de las Mujeres, de acogida y diálogo para la paz, es un logro y un reconocimiento al trabajo organizativo de las mujeres y a su papel fundamental en la defensa de la vida, el ambiente y la construcción de paz. Es un lugar de encuentro, diálogo, formación, esparcimiento y construcción colectiva de afrontamiento y superación de los traumas que la violencia ha dejado en las vidas de las mujeres, sus familias y la comunidad.

Destaco de esta iniciativa que surgió y es liderada por las mismas mujeres de la asociación ASOMUJIGUA. Era un deseo pospuesto que se logra gracias a su persistencia. Este espacio les permitirá compartir y estrechar la unidad en torno al mejoramiento de sus vidas con dignidad, libertad y fortaleza.

(inauguración de la Casa de las Mujeres, Jiguamiandó, noviembre 2025)

Zonas Humanitarias y de Biodiversidad: proteger la vida y el ambiente

PBI: Estos territorios se han caracterizado por el surgimiento, hace más de dos décadas, de formas de autoprotección colectiva —de las personas y del ambiente— totalmente innovadoras y pioneras, como las Zonas Humanitarias y de Biodiversidad. ¿En qué consisten estos mecanismos? ¿Cómo han logrado salvar vidas y contribuir a la defensa ambiental?

Yohana López: Las Zonas Humanitarias y las Zonas de Biodiversidad son mecanismos de protección de la vida y el ambiente. La Zona Humanitaria es la figura que, sobre la base del principio de distinción de la población civil, se creó como una zona delimitada y visibilizada exclusiva para la defensa de la vida de civiles en medio de la confrontación armada, la acción paramilitar, de guerrillas y el abuso de la fuerza por parte de la Fuerza Pública.

La Zona de Biodiversidad es el mecanismo que se crea como resistencia y conservación ambiental ante la expansión acelerada del monocultivo de palma y banano, la extracción maderera y la ganadería extensiva, siendo este modelo económico el foco del desplazamiento y despojo de tierras en las cuencas del Jiguamiandó y Curvaradó. Además, la Zona de Biodiversidad es el mecanismo que posibilita el retorno de las familias a sus fincas, aun sin garantías del Estado colombiano.

Diálogos con el EGC: dudas, riesgos y exclusión de las comunidades

PBI: Uno de los grupos armados ilegales que mayormente ejerce su control en estos territorios del Bajo Atrato es el autodenominado EGC⁶. A pocos días del anuncio del cierre del segundo ciclo de “diálogo” con el Gobierno en Catar⁷, ¿cuál es tu valoración de este proceso? ¿En qué medida han sido involucradas las comunidades que habitan estos territorios? ¿Existen mecanismos de monitoreo y acompañamiento que brinden garantías para las comunidades y para las personas defensoras de derechos humanos y del ambiente?

Yohana López: Nuestra valoración parte de la insatisfacción de las comunidades negras, mestizas e indígenas que no se ven reflejadas ni en la postura del Gobierno ni mucho menos en la de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), ahora autodenominadas EGC. Este territorio ha padecido un conflicto armado y social aún sin resolver, dejando un manto de impunidad e injusticia para los pobladores ancestrales, lo cual es pasado por alto al instalar una mesa con un grupo responsable de gran parte de la violencia y la crisis social y humanitaria.

Aún más, se trata de un grupo armado que hoy se impone como autoridad en el territorio, implementando a la fuerza su modelo socioeconómico por encima de la voluntad, la libertad y la autonomía de las comunidades a la autoadministración de sus territorios.

Ciertamente, hay muchas dudas sobre la voluntad real de las partes para avanzar en un proceso que brinde condiciones mínimas de paz y dignidad a estas comunidades, sin que de antemano se tenga claro el marco jurídico de esta negociación, el carácter del grupo armado y su capacidad de mando unificado, el balance de la justicia transicional sobre los graves hechos ocurridos en esta zona, la verdad de los responsables y las garantías de no repetición que aseguren el fin del ciclo de violencia que las AGC han perpetuado ante la inercia estatal.

Ataques a personas defensoras y exigencias al Estado

PBI: En las últimas semanas, la comunidad internacional^8,9,10 han alertado sobre múltiples ataques¹¹ en contra de integrantes de la Comisión, varios de ellos en el suroccidente del país. ¿Qué está solicitando la Comisión frente a estos ataques? ¿De qué manera el Estado y el Gobierno deberían reforzar sus políticas y mecanismos de prevención y protección?

Yohana López: Ante todo, requerimos respuestas del Gobierno nacional. Es increíble el silencio y la falta de atención oportuna y eficaz ante el recrudecimiento de la violencia y la falta de seguridad y garantías en general para la población civil, y aún más para quienes ejercemos la misión de la defensa de los derechos humanos en este complejo contexto.

Exigimos lo básico, lo fundamental: poder estar en los territorios con las comunidades sin la presión constante del riesgo sobre nuestra integridad. Exigimos que el Estado y el Gobierno colombiano retomen la autoridad perdida en los territorios, con planes integrales que devuelvan la confianza de la población en sus gobernantes y en sus políticas, que no deben surgir de eruditos en los escritorios de la capital, sino de la realidad tangible de los territorios y de la experiencia de los afectados directos de la violencia.

Volcarse al territorio, escuchar a las comunidades, hacer presencia como autoridades civiles de orden nacional, impulsar la economía sostenible y comunitaria y brindar las condiciones mínimas de vida digna, devolviendo algo de esperanza en medio de la desolación y la soledad de los territorios.

Una política de paz y seguridad que vaya más allá del discurso como bandera político-electoral y de medidas materiales de protección que, lejos de proteger, resultan inútiles ante el crecimiento exponencial de la criminalidad y su control de vastos territorios y sometimiento de las poblaciones.

PBI: Muchas Gracias, Yohana, por compartirnos tus saberes y lecturas.