8 de diciembre de 2017. Asesinan con 14 disparos a Hernán Bedoya, quien volvía a su finca en la Zona Humanitaria Mi Tierra, en la región del Bajo Atrato, Chocó. Con él pretenden asesinar su voz clara y firme [1] con la que denunciaba el avance y los impactos del negocio de la palma de aceite y el agronegocio bananero que se quería extender al territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla. Hernán quería explicar lo que pasaba en el territorio del que había sido desplazado y al que había conseguido retornar, pese a la presencia del paramilitarismo. Así le conocimos en PBI, reclamando sus tierras y su dignidad, cuando acompañamos a la Comisión de Justicia y Paz (JyP) en el Bajo Atrato.

Él no quería callarse ante la firma de un convenio entre el representante de su Consejo Comunitario y la empresa Agromar para la siembra de banano durante cien años en 20.000 hectáreas del terreno de Pedeguita y Mancilla [2]. En el contrato firmado solo 12 socios constaban como los beneficiarios de esas ganancias [3]. Hernán llevaba dos años amenazado por el grupo paramilitar las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) por ser reclamante de tierras y por su oposición [4] al proyecto agroindustrial, contra el que había dado la cara a nivel nacional, en documentales y charlas, acompañado por JyP y también como integrante de CONPAZ (Comunidades Construyendo Paz en los Territorios).

Por estas amenazas que sufría, el Estado le dio un chaleco antibalas y un celular. Es por su voz campesina de denuncia que quisieron acabarlo. Es por esto que se activó una alerta para decir “no más asesinatos de líderes sociales y ambientales en el Bajo Atrato”. Es por eso que el Procurador en ese momento [5] iba a iniciar acciones legales para buscar la nulidad del contrato de arrendamiento con Agromar por violar los derechos territoriales de la comunidad étnica de Pedeguita y Mancilla. Pero las afectaciones ambientales y los hostigamientos a quienes se oponen han seguido en este territorio. Según JyP: “desde hace más de cinco años se ha desatado una operación empresarial contra derecho, desertizando fuentes de agua, la ciénega el Bajo de Los Patos y humedales de las localidades de El Diez y Nueva Unión, deforestando bosque primario, y desplazando y causando la muerte de especies animales en el territorio Colectivo de Pedeguita y Mancilla, en el municipio de Riosucio, Chocó” [6].

La organización que acompaña desde hace más de tres décadas a las comunidades denuncia que hace cuatro años la Unidad Especial de Investigación (UEI) en la Fiscalía, creada para el desmonte de estructuras paramilitares, se comprometió a realizar una investigación pronta y eficaz. Hoy, son nulos los resultados por parte de esta unidad y los avances en la justicia ordinaria. No en vano, detrás del asesinato de Hernán Bedoya habría un sector empresarial comprometido, según información obtenida por JyP.

También siguen las amenazas a las personas líderes del Bajo Atrato [7]. Sin ir más lejos, este mes de septiembre hemos tenido que llorar el asesinato de dos líderes más: Efrén Antonio Carupia [8], en Acandí, y Dilio Bailarín [9], en Alto Guayabal, con el agravante de que dichas comunidades cuentan con medidas de protección otorgadas por un Juzgado de Restitución de Tierras y medidas cautelares de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), respectivamente. Estos asesinatos y las múltiples amenazas de los grupos armados, junto con la ausencia de garantías de seguridad por parte del Estado, tuvieron como consecuencia el desplazamiento forzado de las comunidades. Las mimsmas que, desde marzo de 2020, solicitan un Acuerdo Humanitario Global que implique un cese al fuego y el diálogo entre todos los actores armados para la construcción de una paz justa y duradera [10], solicitud que a la fecha aún no ha sido atendida por el gobierno [11].

El avance de la investigación de los autores materiales e intelectuales de estos homicidios, incluido el asesinato de Mario Castaño Bravo, miembro de CONPAZ y reclamante de tierras en el Bajo Atrato, asesinado 10 días antes que Hernán Bedoya, sería una manera de combatir la impunidad [12] que se respira en las comunidades [13]. Sensación evidenciada según el Índice Global de Impunidad que sitúa a Colombia como octavo país con mayores tasas de impunidad, y que impide avanzar en el esclarecimiento de los ataques que sufren las comunidades y sus líderes y lideresas [14]. Hoy sigue siendo urgente la protección de las comunidades y organizaciones que cuidan el territorio y defienden los derechos humanos. Son las que sufren las consecuencias de denunciar la relación entre los intereses económicos de terceros y la restitución de tierras, su convergencia con estructuras armadas ilegales y la persistencia de rutas de narcotráfico en la zona.

Es por tu memoria y la de tu tierra, Hernán Bedoya, y por la memoria de las personas que han sido asesinadas por ser líderes sociales en Colombia –161 solo en 2021 según Indepaz [15]– que hoy sigue preocupando la sistematicidad de estos asesinatos, perpetrados por parte de todos los actores armados, que tienen la finalidad clara de silenciar y de borrar la esperanza. Pero en tu comunidad de Pedeguita y Mancilla no quieren perderla y el día de tu asesinato volverán a juntarse para honrar tu legado, tu lucha, tus sueños que siguen con nosotras y nosotros. Volverán a honrar la vida de sus líderes y a repetir que nada fue en vano, que la memoria es lo que mantiene viva y sabia a la comunidad, que defender el territorio es parte del compromiso con el futuro y este presente. Hoy, la conmemoración de la muerte de Hernán Bedoya nos interpela a preguntarnos cómo hacer para convertir esta impotencia en un nunca más.

Gemma Neus, PBI Colombia.