Gobierno y Farc firman acuerdo tras 50 años de guerra
Hoy en Colombia, PBI celebra que después de 22 años de acompañamiento a defensores y defensoras de derechos humanos en este país, podemos ser testigos de la firma de un acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Es un paso fundamental hacia el fin de más de 50 años de conflicto armado que ha dejado ocho millones de víctimas[1], la mayoría de ellas civiles[2]. Es un paso inmenso hacia una sociedad con menos violencia y más respeto a los derechos humanos, y ojalá, más justicia. El Gobierno y las Farc se comprometen a que, de aquí en adelante, “se rompe cualquier tipo de nexo entre política y uso de las armas”[3].
PBI trabaja en todo el mundo para abrir espacios para la paz y hacer frente a los conflictos sin el uso de la violencia, y cree que las personas defensoras de derechos humanos tienen un papel fundamental e indispensable en la transformación de las sociedades con conflictos violentos a sociedades en paz y con justicia social. La paz que se ha firmado hoy en Colombia, ha sido negociada en una mesa de diálogos entre el Gobierno y las Farc durante cuatro años, pero sobretodo ha sido el producto de la lucha y el trabajo durante décadas de las organizaciones de derechos humanos, de víctimas y otros movimientos sociales colombianos. Como sociedad civil han construido numerosas propuestas de cambio y muchas de ellas se ven reflejadas en el Acuerdo Final que se firma hoy. PBI Colombia está orgullosa de haberles acompañado en este largo, difícil y peligroso trabajo, que a muchas y muchos les ha costado la vida.
La firma de este acuerdo sin embargo no es un punto final: es el inicio de una etapa aún más importante. En el Acuerdo hay grandes oportunidades para mejorar las garantías para la defensa de los derechos humanos y para llegar a una sociedad más justa. Incluye mecanismos para conocer la verdad histórica sobre los graves crímenes cometidos durante el conflicto, lo cual es necesario para lograr justicia para las víctimas, mecanismos para una mejor protección de quienes defienden los derechos humanos y de quienes lideran la oposición política; incluye también el reconocimiento de la persistencia del fenómeno paramilitar y la amenaza que esto significa, además de medidas para combatirlo e investigar sus crímenes. Hay una oportunidad para fortalecer el reconocimiento de las Zonas de Reserva Campesina y la creación de un fondo de tierras para campesinos que ahora no tienen acceso a ella. Asimismo, el acuerdo incluye una política más integral para confrontar el problema de las drogas ilícitas más allá de la guerra, la represión y la fumigación; incluye también múltiples garantías para hacer oposición e incentivos para que los movimientos sociales participen en política.
Los temas que se negociaron en la mesa de diálogos coinciden con los que han sido señalados, en el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas[4], como causas estructurales del conflicto armado entre las Farc y el Gobierno, y la implementación de lo acordado es una garantía necesaria para que la paz que se firma sea duradera y sostenible.
La celebración de la paz hoy es el gran evento final de este proceso, pero también el gran inicio. Lo que sigue es una etapa todavía más importante: lo que se acordó en la mesa tiene que convertirse en realidad.
Primero el acuerdo debe ser refrendado: la sociedad colombiana debe expresarse a favor o en contra del acuerdo. En la campaña para el “SÍ” al acuerdo de paz, los movimientos sociales jugarán otra vez un papel indispensable pues existe una fuerte oposición política con expresiones violentas, de sectores que ven amenazados sus intereses por lo acordado en la Habana[5].
Lo que viene en los próximos meses es una movilización social masiva, no exenta de riesgos para quienes participarán. Recordamos que en los últimos años la violencia política en Colombia ha aumentado[6], y que la mayoría de las agresiones contra personas defensoras fueron cometidas por grupos neoparamilitares[7].
Después del referendo, viene la fase de implementación de los acuerdos. La participación de las víctimas, organizaciones, movimientos y comunidades en los mecanismos de justicia transicional, como la Comisión de la Verdad, la Unidad Especial de Búsqueda de personas Desaparecidas, y la Jurisdicción Especial para la Paz, será amplia e importante, dado que las organizaciones durante años han ido documentando e investigando casos o acompañando a familiares en la búsqueda de sus seres queridos. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos señala que “Es reiterado el acoso a representantes de víctimas, especialmente de quienes litigan casos sobre violaciones atribuibles a agentes estatales”[8].
Organizaciones como el Consejo Mundial de Iglesias, han expresado que para el cumplimiento de lo acordado la veeduría social por parte de las organizaciones de la sociedad civil sobre la implementación, será fundamental[9]. Más aún, según organizaciones sociales, porque hay reformas políticas del actual Gobierno que van en contra de los avances en temas de derechos humanos acordados en la Habana[10]: el nuevo Código de Policía que aumenta la criminalización de la protesta a social[11] y la Ley de Zidres, que según Oxfam, causa “efectos negativos en términos de concentración y expropiación de tierra”[12]. A pesar de que termine el conflicto armado con las Farc, el Gobierno no ha querido negociar sobre reformas a las fuerzas militares necesarias, según movimientos sociales, como garantías de no repetición de los crímenes cometidos durante el conflicto armado[13].
Otro paso fundamental hacia la construcción de una Paz duradera y sostenible es el proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (Eln), que fue anunciado en marzo de 2016 pero que desde entonces ha estado estancado. Sin acuerdo también con esta guerrilla, seguirá la violencia del conflicto armado en muchas zonas del país y la transición a una cultura de Paz y no violencia se verá menoscabada.
No es hora para dejar de apoyar y acompañar a quienes defienden los derechos humanos y ambientales, con los riesgos que enfrentan por su labor, tampoco de desviar la mirada porque Colombia ‘ya es un país en paz’. Las organizaciones, grupos y comunidades necesitan ahora, tal vez más que nunca, los ojos del mundo puestos en Colombia, en este momento histórico que determinará si la paz será una paz con justicia social, de todos y todas, una paz que perdure.
Hendrine Rotthier, encargada del tratamiento y el análisis de información de PBI Colombia
Notas de pie
[1] El Tiempo: Víctimas del conflicto en Colombia ya son ocho millones, 16 de abril de 2016
[3] Acuerdo sobre garantías de seguridad, p. 1.
[4] Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas: Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, febrero de 2015
[5] El Tiempo: ‘Existen estructuras armadas que están acechando el proceso de paz’, 24 de abril de 2016
[6] Cerac y Programa Somos Defensores
[7] Programa Somos Defensores: El Cambio ( Informe Anual 2015), enero de 2016
[8] United Nations Human Rights Council: Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in Colombia, 15 de marzo de 2016
[9] Contagio Radio: “Veeduría social será fundamental para el cumplimiento de Acuerdos de Paz”, 29 de enero de 2016
[10] Coordinación Colombia Europa Estados Unidos: Cambios para la vida, derechos para la paz; Declaración política asamblea anual Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, 11 de Julio de 2016
[11] Contagio Radio: Nuevo código de policía es dictatorial y viola ddhh: alberto yepes, 18 de junio de 2015; Colombia Informa: Derecho a la protesta en el nuevo Código de Policía: ¿en contravía de la Paz?, 27 de junio de 2016
[12] Oxfam: Colombia: las falacias detrás de ZIDRES, una ley de “subdesarrollo rural”
[13] Ccajar: Ante ola de asesinatos, exigimos creación de Comisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición, 16 de marzo de 2016