Cada año hay una entrega del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia. La premiación, organizada por Diakonia Suecia, busca reconocer, destacar y aplaudir la labor de las personas defensoras, procesos, organizaciones y ONG de derechos humanos que desarrollan su trabajo en condiciones de riesgo y vulnerabilidad.

Diakonia acaba de hacer públicas las nominaciones para 2017 y estamos emocionados de saber que algunos de las personas y organizaciones que PBI lleva años acompañando en su lucha en pro de los derechos humanos han sido nominados.

Nominaciones en la categoría «Defensor del año»

En la categoría “Defensor del año” han sido nombrados Enrique Chimonja, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Adriana Arboleda de la Corporación Jurídica Libertad, Carolina Rubio de la Fundación Comité de Solidaridad Presos Políticos Seccional Santander y Jorge Molano, de la Asociación DH Colombia.

Enrique Chimonja asesora a las comunidades que viven en medio del conflicto armado en Valle del Cauca como por ejemplo el pueblo indígena wounaan nonam, asentadas a las orillas del río San Juan y su afluente río Calima, que se han visto obligadas a huir en varias ocasiones; y la comunidad afrodescendiente que vive en el Espacio Humanitario Puente Nayero en Buenaventura quienes, con la asesoría de Chimonja, han iniciado un proceso esperanzador al constituir un espacio libre de actores armados ilegales.

Gaby, Kike, Heidi — Enrique Chimonja con miembros de PBI.

Jorge Molano es un destacado abogado representante de víctimas de violaciones de derechos humanos. Representa, por ejemplo, a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en el marco de la masacre del 21 de febrero de 2005 donde fueron asesinadas ocho personas. Molano ha logrado algunas importantes condenas a pesar de que aún existe un alto grado de impunidad.

Entre muchas otras actividades, Adriana Arboleda ha acompañado a los familiares de las víctimas de desaparición forzada que estarían enterradas en La Escombrera, un territorio vasto ubicado en la Comuna 13 de Medellín.

De izquierda a derecha: Adriana Arboleda (CJL), Rachel Métraux (voluntaria suiza de PBI), Cruz Ámparo Zapata (Asfaddes) y Marta Soto (Movice).

Carolina Rubio es comunicadora social y miembro de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos desde 2001. La Fundación vela por el respeto y la garantía de los derechos de las personas privadas de libertad por motivos políticos, con un compromiso a favor de la libertad, la justicia y la dignidad.

De las 138 cárceles que hay en Colombia, Fcspp asiste a 52, que son las cárceles más grandes del país, y logra llegar a la mayor parte de la población detenida.

Nominaciones en la categoría «Experiencia Colectiva»

Además, en la categoría “Experiencia Colectiva” han sido nominados la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (Acvc), la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), la Comunidad de Autodeterminación Vida y Dignidad (Cavida) y la Corporación Jurídica Libertad (CJL).

Cavida surgió en medio del conflicto armado y la violencia en Cacarica donde hace veinte años surgió lo inimaginable: entraron los paramilitares, se llevaron al campesino Marino López y lo mataron en el marco de la Operación Génesis, una operación conjunta entre militares y paramilitares. Cavida ha estado al frente de las zonas humanitarias, la resistencia y supervivencia de la población en medio de la adversidad y la guerra. Ya van más de 85 asesinatos como consecuencia de esta lucha por la vida.

Cacarica_cavida — En Cacarica, durante la conmemoración de los 20 años de la Operación Génesis, operación que realizó el Ejército junto con los paramilitares y que provocó el desplazamiento de 3.500 habitantes de la región.

La Acvc lucha por la tenencia y la redistribución de la tierra y por una vida digna para las comunidades campesinas; tienen una fuerte apuesta en la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra. En esta zona no sólo quieren garantizar el acceso y una distribución equitativa de la tierra para el campesinado sino también proteger los recursos ambientales y promover la economía campesina y seguridad alimentaria.

Credhos nació en la ciudad petrolera de Barrancabermeja en los años 80. La toma paramilitar de esta ciudad en 2000 originó el éxodo de muchos miembros de Credhos a causa de las denuncias que realizaron por las violaciones de derechos humanos que se estaban produciendo en la región. Esta organización, ha trabajado a favor de la paz durante los últimos dos años, impulsando la pedagogía para la paz para que la población entienda en que consisten los acuerdos de paz y para que se apropien de ellos y exijan su cumplimiento.

Silvia_Nikolai_Ivan_Credhos — Iván Madero, Credhos con miembros de PBI.

Además de representar legalmente a las víctimas de violaciones de derechos humanos que buscan verdad, justicia y reparación, CJL acompaña a comunidades y procesos organizativos populares, así como de resistencia, que defienden sus territorios y la reconstrucción de la memoria histórica en contra del olvido.

CJL representa a familiares de las víctimas de la Operación Orión que, según el Centro Nacional de Reparación y Reconciliación, fue la más grande operación militar urbana que haya tenido lugar en Colombia.

Hay muchas otras organizaciones nominadas, como por ejemplo el Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos – Ettddhh que consta de 29 organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos integrales en la ciudad de Barrancabermeja y la región del Magdalena Medio.

Hemos caminado al lado de estas destacadas organizaciones y personas defensoras de derechos humanos durante años y sabemos que ha sido un camino destapado y lleno de curvas que ha significado exponer a grandes riesgos sus vidas. Celebramos su trabajo en pro de la vida y queremos decirles ¡felicitaciones!