La Comunidad de Paz de San José de Apartadó nació hace 25 años en medio de la violencia y el desplazamiento forzado. Campesinos y campesinas de diferentes veredas del departamento de Antioquia se organizaron para constituirse como comunidad neutral frente al conflicto, y construyeron una alternativa pacífica para preservar la vida y proteger su territorio. Desde entonces, la Comunidad de Paz, ha contribuido con su perspectiva y experiencias a numerosos procesos dentro y fuera del país. De hecho, uno de los legados que ha aportado la Comunidad de Paz, junto a otras 20 comunidades campesinas de diferentes territorios colombianos, es la Universidad de Paz y Resistencia o Universidad Campesina.
La lucha de las mujeres en búsqueda de sus seres queridos víctimas de desaparición forzada
“Han pasado tantos años desde que mi hijo desapareció. Aunque pasa el tiempo, los meses y los años, no dejo de buscar, así como la verdad de lo sucedido. Las madres que buscamos a nuestros desaparecidos no miramos barreras, obstáculos, no escuchamos voces que nos desaminen; somos mujeres berracas con la mirada puesta en el horizonte en busca de lo que se nos arrebató; somos miles de madres en busca de la verdad, un cuerpo a quien llorar y, sobre todo, que no haya repetición”.
Una de las organizaciones de derechos humano más emblemáticas de la región del Nordeste Antioqueño, es la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana). Desde su fundación en 2004 ha tenido como objetivo principal defender los derechos de las comunidades campesinas y mineras y brindar mecanismos de protección para que puedan vivir en paz, en medio de un conflicto armado que se perpetúa en el tiempo.
El año 2022 inició con las alertas de varias organizaciones de derechos humanos sobre las crisis humanitarias que están asolando los territorios. Como en muchas otras regiones de Colombia, en el Nordeste Antioqueño, el riesgo no es solo para sus habitantes, sino también para quienes alzan la voz en defensa de las garantías mínimas para la vida y permanencia en el territorio. Es el caso del presidente de Cahucopana, Carlos Morales, quien sufrió un grave atentado el 27 de febrero cuando hombres armados dispararon contra él, su compañera e hijo menor de edad, mientras se desplazaban en motocicleta en la ciudad de Barrancabermeja[1]. Morales, quien durante 16 años ha destacado como líder campesino, opta por resistir al desplazamiento, a pesar de los ataques en su contra y graves amenazas dirigidas contra otros integrantes de Cahucopana, organización que sigue firme junto a las comunidades del Nordeste Antioqueño.
Carlos Morales resiste al desplazamiento forzado “para seguir denunciando lo que está pasando frente al abandono estatal y a las violaciones a los derechos humanos porque el Gobierno Nacional no ha implementado los Acuerdos de Paz”.
Hace dos años, en pleno auge de la pandemia del Covid-19, varias comunidades étnico-territoriales y campesinas de Colombia, acompañadas por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (JyP), enviaban una carta pública al presidente Iván Duque en la que solicitaban un Acuerdo Humanitario Global [1]. La petición implicaba el cese de las hostilidades y nuevos diálogos de paz con inclusión de los múltiples actores armados aún presentes en los territorios. Desde entonces más de 160 comunidades, apoyadas por la Iglesia Católica [2], organismos internacionales [3] y organizaciones de la sociedad civil [4], han enviado 57 cartas abiertas[5] con el mismo fin sin que haya habido respuesta alguna por parte del Gobierno saliente.
Damos una calurosa bienvenida a cuatro nuevas brigadistas de terreno que acompañarán a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos desde los equipos de Apartadó, Barrancabermeja y Bogotá.
En la foto les saludan: Julian (Suiza) que acompañará desde el equipo de terreno en Bogotá, mientras que Itsaso (España) y Shireen (Alemania) lo realizarán desde Apartadó y Juliane (Alemania) desde Barrancabermeja.
«Para nosotras, Brigadas Internacionales de Paz es un espacio de aprendizaje individual y colectivo, donde vamos a tener la oportunidad de comprometernos y acompañar desde la solidaridad a diferentes personas defensoras de derechos humanos. Ellas son las que mejor conocen las necesidades de los grupos y comunidades que acompañan, aquellas que están sufriendo en primera línea la violencia sociopolítica. Como brigadistas, trabajaremos para facilitar la creación de espacios que defiendan los derechos humanos frente a la violencia sociopolítica, acompañando desde nuestros aprendizajes, experiencias y habilidades, desde los valores de la no violencia, la horizontalidad, el no partidismo y el carácter internacional. Durante la formación hemos estado cuidadas y muy bien acogidas por el equipo de Bogotá, y nos vamos cada una de nosotras a nuestros equipos de terreno con mucha fuerza y energía».
