Archivo de la categoría: Memoria y Homenaje

Memoria y Homenaje

A 18 años de la Masacre de Mulatos y La Resbalosa

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Hace 18 años ocurrió un hecho que marcó a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó: la Masacre de Mulatos y La Resbalosa, en donde fueron cruelmente asesinadas 8 personas, de las cuales 3 de ellas menores de edad. Dicha masacre, perpetrada por la Brigada XVII del Ejército y el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), marcó un hito de separación con el Estado debido a la falta de garantías de seguridad y a su responsabilidad en torno a la impunidad de estos y más hechos de violencia que ha enfrentado la Comunidad de Paz desde su conformación.
La comunidad, que el 23 de marzo de 1997 se declaró Comunidad de Paz como estrategia de resistencia y permanencia en el territorio en medio del conflicto armado, no ha dejado de ser objeto de actos de violencia por parte de actores armados legales e ilegales.

Ahora, con la fuerza y determinación acumulada después de años de resistencia y lucha, la Comunidad rindió homenaje a las 8 personas asesinadas, 7 de las cuales eran miembros de la Comunidad de Paz: Luis Eduardo Guerra, Bellanira Areiza, Deiner Guerra, Alfonso Bolívar Tuberquia, Sandra Muñoz, Natalia Tuberquia Muñoz y Santiago Tuberquia Muñoz.
En este acto conmemorativo y solemne, se entonaron cantos liderados por la voz de las niñas y los niños que conforman la Comunidad. Se recordó a cada miembro ausente físicamente, pero que están necesariamente presentes en la memoria colectiva para seguir defendiendo el territorio y exigiendo justicia.

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Credhos víctima colectiva en caso 08 de la JEP: “Hoy como ayer”

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El 4 de noviembre de 2022 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció como víctima colectiva e interviniente especial a la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) en el caso 08, cuya apertura fue anunciada a finales de agosto de este año [1]. Este proceso de la justicia transicional colombiana investiga los crímenes cometidos por integrantes de la fuerza pública, otros agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el marco del conflicto armado. Desde 1987, cuando Credhos empezó su trabajo en defensa y protección de los derechos humanos en la ciudad de Barrancabermeja, ha documentado detalladamente 16 casos de ejecuciones extrajudiciales en contra de sus integrantes, perpetrados por grupos paramilitares en connivencia con agentes del Estado colombiano. Además de 10 casos de desplazamiento forzado, cuatro atentados y detenciones arbitrarias. Bajo el título “Hoy como ayer: Informe sobre victimización a personas defensoras de Derechos Humanos de la Región del Magdalena Medio en el marco del conflicto armado (1987-2016) -Caso Credhos-”, la organización radicó el informe ante la JEP en el que se detallan los hechos que afectaron a más de 80 de sus miembros desde 1987 hasta 2016. Y, efectivamente, “hoy como ayer” siguen siendo graves los ataques contra la emblemática organización de Barrancabermeja: el 27 de octubre de este año Credhos fue declarada objetivo militar después de que denunciaran públicamente la falta de respuesta de las autoridades frente a la escalada de violencia en Barrancabermeja [2], y exigieran respuesta frente a los presuntos vínculos entre autoridades estatales y el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) [3].

Resumir el trabajo y la lucha contra la impunidad que ha llevado a cabo Credhos durante más de tres décadas no es fácil. Manuel Camilo Ayala Sandoval, joven abogado de la organización, experto en todos los asuntos que tienen que ver con la justicia transicional, lo intenta mientras la torrencial lluvia de Barrancabermeja nos trae el olor a petróleo a la casa de PBI lugar que fue, durante los años de más violencia, uno de los pocos espacios seguros para muchas personas defensoras de derechos humanos de la ciudad. Camilo recuerda con cariño las historias que le contaban los y las compañeras con mayor tiempo en Credhos, como aquel 24 de diciembre a finales de los 90, en el que integrantes de la organización “estuvieron encerrados en la casa de PBI debido a la situación crítica que se vivía: los podían matar en cualquier esquina. Cada vez que vengo a la casa de PBI me los imagino”.

Camilo Ayala abogado de CREDHOS interviene ante la JEP (SRVR) en la entrega del primer informe el 20 de abril de 2018 en Barrancabermeja.

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Memoria y Homenaje

Volvimos, estamos: somos Génesis

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Las Operaciones Génesis y Cacarica: frente al horror, una historia de resistencia

La región del Bajo Atrato, en el noroccidente colombiano, ha sido un enclave particularmente azotado por la violencia y el conflicto armado. Según la Unidad de Víctimas, en la región, se encuentran registradas cerca de 429.820 víctimas de desplazamiento forzado, despojo de tierras y asesinatos selectivos, entre otros[1]. Uno de los hechos más cruentos, que marcó para siempre la historia de las comunidades afrocolombianas del río Atrato, tuvo lugar en la cuenca de Cacarica. La Operación Génesis, ejecutada entre el 24 y 27 de febrero de 1997 fue una ofensiva encabezada por el General Rito Alejo del Río, comandante de la Brigada XVII del Ejército, coordinada con el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (Bloque Elmer Cárdenas), con el pretexto de retomar zonas controladas por la guerrilla de las FARC-EP[2]. Paralelamente y en operaciones conjuntas con las Fuerzas Militares[3], el grupo paramilitar Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), inició la Operación Cacarica, atravesando el río Atrato hasta incursionar en las cuencas del Salaquí, Truandó y Perancho[4].

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Memoria y Homenaje, PBI Colombia

La masacre que transformó a la Comunidad de Paz para siempre

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El 21 de febrero 2005, las veredas de Mulatos y La Resbalosa (Antioquia), ubicadas a cinco horas de la Holandita, asentamiento principal de la Comunidad de Paz, fue el escenario de un crimen atroz que, una vez más, golpeó a sus pobladores. Ocho personas, de las cuales cuatro eran menores de edad, fueron asesinadas, desmembradas y enterradas en una fosa común. Entre las 8 víctimas de esta masacre, 7 eran miembros de la Comunidad de Paz: Luis Eduardo Guerra, líder histórico y fundador de la Comunidad, Bellanira Areiza, su compañera y Deiner Andrés Guerra, su hijo de 11 años; Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, el coordinador de la Zona Humanitaria de La Resbalosa, Sandra Milena Muñoz Posso, su esposa, Natalia y Santiago, sus dos hijos de 5 años y 20 meses.

La masacre fue perpetrada por un comando de alrededor de 60 paramilitares del Bloque Héroes de Tolová de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) junto con tropas adscritas a la Brigada XVII del Ejército[1]. Estos hechos, que marcaron profundamente la resistencia de la Comunidad de Paz, pusieron en evidencia la degradación de una guerra que, más que combatir a los alzados en armas, se ensañó con campesinos y campesinas que apostaban por la paz en medio de tanta violencia. La acciones beligerantes contra la Comunidad de Paz no eran nuevas ni cesarían después de la masacre. Según Brígida González, fundadora y lideresa histórica de la Comunidad, con esa masacre les quisieron decir “otra vez, reitaradamente, que no tenía que haber organizaciones sociales”[2].

Mediante el arte, con el fin de nunca olvidar y sanar lo sucedido, Brígida Gonzáles, quien además de lideresa es artista reconocida con el Premio a la ‘Creatividad de la mujer en el medio rural’, pintó esta historia, que hoy se encuentra en el Museo Nacional de Bogotá,

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“¿Quién dio la orden?”: reivindicación firme de Justicia y Verdad

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La historia del mural “¿Quién dio la orden?” ha estado teñida de censura desde sus orígenes. La imagen fue tapada con pintura blanca horas después de haber sido pintada el 18 de octubre de 2019, frente a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, Bogotá. Según denunciaba el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE [1], organización impulsora de la iniciativa, el mural fue censurado en un operativo de la Brigada 13 del Ejército Nacional, en el que más de 20 hombres armados intimidaron a los jóvenes artistas que lo pintaban [2]. Un día después, el MOVICE publicaba en su cuenta de Twitter la imagen del mural censurado. A pesar de numerosos intentos contra su difusión, este emblema en memoria de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y en exigencia de verdad, justicia y garantías de no repetición, vuelve a estar hoy frente a la Escuela de Cadetes protegido por la Corte Constitucional colombiana.

La imagen diseñada en 2019 por la Campaña por la Verdad [3], que aglutina a varias organizaciones defensoras de derechos humanos, mostraba el rostro de cinco altos mandos militares, bajo cuyas comandancias se presentaron 5.763 ejecuciones extrajudiciales en el periodo del 2000 al 2010 [4]. Son los casos de los mal llamados “falsos positivos”, eufemismo en referencia a los asesinatos de jóvenes presentados como guerrilleros dados de baja en combate. Uno de los capítulos más oscuros de la historia del conflicto armado colombiano y un nudo central para la justicia transicional.


Primer mural de la Campaña por la Verdad (2019) con el rostro de cinco Generales del Ejército Nacional acompañados del número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales de cada uno de los batallones que ellos comandaron desde el año 2000 hasta el 2010. Tras este primer mural, y a medida que avanzaban las investigaciones de las organizaciones y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se han diseñado otros tres murales, que contienen un aumento de cifras y de los máximos responsables.

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