Archivo de la etiqueta: Mujeres

En riesgo mujeres defensoras del agua en el Magdalena Medio

Después de tres años de bloqueo legislativo durante el Gobierno de Iván Duque, el pasado 10 de octubre, fue ratificado el Acuerdo de Escazú en Colombia; un hito para la protección de los derechos de los y las defensoras ambientales en el país más peligroso para la defensa del medioambiente.

El Acuerdo de Escazú contiene disposiciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, promueve la protección de líderes y lideresas ambientales, prevé mayor acceso a la información ambiental y más mecanismos de participación para la sociedad civil. Mecanismos de suma relevancia en un país donde, en la última década, 322 personas defensoras del medioambiente fueron asesinadas. Siendo el 2021 el año más letal para quienes defienden la tierra y el medioambiente, con 33 personas asesinadas.

Preocupa especialmente la intensificación de ataques contra ambientalistas en la región del Magdalena Medio, en particular, contra mujeres ambientalistas que promueven la defensa del agua y de la vida. En la región, es común que los ataques contra las lideresas ambientales ocurran mientras realizan su labor de denuncia contra la industria petrolera y sus nexos con estructuras armadas, así como hechos de corrupción que vinculan a funcionarios públicos locales [1].

Yuli Velásquez pescando en la ciénaga de San Silvestre. Foto: Edu Leon

Uno de los casos de mayor gravedad es el de la lideresa ambiental Yuli Andrea Velásquez Briceño, presidenta de la Federación de Pescadores Artesanales Ambientalistas y Turísticos del Departamento de Santander (Fedepesán) y directora ejecutiva de la Red Nacional de Mujeres Pescadoras Artesanales, que tiene su lanzamiento oficial este 26 de noviembre. Yuli se presenta como “sujeta anfibia, hija de un pescador asesinado, nacida y criada a las orillas del río Magdalena”, arteria principal de Colombia. La lideresa tiene clara su fuente de riesgo: “defendemos nuestro territorio, visibilizamos la contaminación de la industria y nos enfrentamos a grupos armados que tienen vínculos con empresas. Cuando un defensor denuncia a las entidades que deben velar por un ambiente sano, como hay vínculos con actores armados, empiezan las amenazas. Para silenciarnos hemos sido víctimas de ataques sistemáticos“.

La lideresa ambiental Yuli Velásquez. Foto: Edu Leon

Seguir leyendo En riesgo mujeres defensoras del agua en el Magdalena Medio

Buenaventura: silencio y olvido frente a la desaparición forzada

Desde una distancia segura, la Isla Calavera se veía tranquila aquella mañana soleada de agosto. Ubicada a un kilómetro del centro de la ciudad portuaria de Buenaventura, la Isla Calavera, oficialmente llamada “Isla Pájaros” por la diversidad de aves que la habitan, parece un lugar pacífico, rodeado por las aguas ondulantes del estero San Antonio. Sin embargo, mientras que esperamos la llegada de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en el Espacio Humanitario Puente Nayero, los relatos de J., uno de sus líderes fundadores, nos recuerdan la razón por la que los habitantes del barrio la llaman “Isla Calavera”: durante décadas, muchos de los cuerpos de los miles de desaparecidos en Buenaventura, fueron arrojados en sus aguas, y sus familiares aún los buscan.

J. nos cuenta sobre la violencia que persiste en Buenaventura, sobre el desplazamiento interurbano y los casos de desapariciones forzadas que han transformado varias zonas de la ciudad en fosas comunes clandestinas, entre ellas, el estero de San Antonio, conocido como una de las “acuafosas” de la ciudad portuaria, por ser uno de los lugares que los grupos armados usaron para desaparecer a sus víctimas. Además, nos habla de la perseverancia de las comunidades y organizaciones de víctimas de desaparición forzada que han resistido frente a la violencia junto a organizaciones defensoras de derechos humanos como la Fundación Nydia Erika Bautista (FNEB) y la Comisión Intereclesial de Justicia (JyP) quienes, junto a otras, lograron en diciembre de 2021 la implementación de medidas cautelares en el estero de San Antonio. Donde, además de personas desaparecidas, hay proyectos empresariales que tienen como objetivo aumentar el puerto de Buenaventura. Las medidas cautelares otorgadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), prohíben cualquier intervención en el estero, en especial, el dragado y el desarrollo de obras civiles, puesto que se correría el grave riesgo de ocasionar daños irreparables en los lugares donde yacen los cuerpos de personas desaparecidas[1]. A pesar de que las medidas acaban de ser prorrogadas en septiembre de este año[2], el tiempo corre: las víctimas aún esperan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos y sigue siendo fuerte la presión política para que se retomen las obras de dragado[3].

Seguir leyendo Buenaventura: silencio y olvido frente a la desaparición forzada