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Credhos víctima colectiva en caso 08 de la JEP: “Hoy como ayer”

El 4 de noviembre de 2022 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció como víctima colectiva e interviniente especial a la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) en el caso 08, cuya apertura fue anunciada a finales de agosto de este año [1]. Este proceso de la justicia transicional colombiana investiga los crímenes cometidos por integrantes de la fuerza pública, otros agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el marco del conflicto armado. Desde 1987, cuando Credhos empezó su trabajo en defensa y protección de los derechos humanos en la ciudad de Barrancabermeja, ha documentado detalladamente 16 casos de ejecuciones extrajudiciales en contra de sus integrantes, perpetrados por grupos paramilitares en connivencia con agentes del Estado colombiano. Además de 10 casos de desplazamiento forzado, cuatro atentados y detenciones arbitrarias. Bajo el título “Hoy como ayer: Informe sobre victimización a personas defensoras de Derechos Humanos de la Región del Magdalena Medio en el marco del conflicto armado (1987-2016) -Caso Credhos-”, la organización radicó el informe ante la JEP en el que se detallan los hechos que afectaron a más de 80 de sus miembros desde 1987 hasta 2016. Y, efectivamente, “hoy como ayer” siguen siendo graves los ataques contra la emblemática organización de Barrancabermeja: el 27 de octubre de este año Credhos fue declarada objetivo militar después de que denunciaran públicamente la falta de respuesta de las autoridades frente a la escalada de violencia en Barrancabermeja [2], y exigieran respuesta frente a los presuntos vínculos entre autoridades estatales y el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) [3].

Resumir el trabajo y la lucha contra la impunidad que ha llevado a cabo Credhos durante más de tres décadas no es fácil. Manuel Camilo Ayala Sandoval, joven abogado de la organización, experto en todos los asuntos que tienen que ver con la justicia transicional, lo intenta mientras la torrencial lluvia de Barrancabermeja nos trae el olor a petróleo a la casa de PBI lugar que fue, durante los años de más violencia, uno de los pocos espacios seguros para muchas personas defensoras de derechos humanos de la ciudad. Camilo recuerda con cariño las historias que le contaban los y las compañeras con mayor tiempo en Credhos, como aquel 24 de diciembre a finales de los 90, en el que integrantes de la organización “estuvieron encerrados en la casa de PBI debido a la situación crítica que se vivía: los podían matar en cualquier esquina. Cada vez que vengo a la casa de PBI me los imagino”.

Camilo Ayala abogado de CREDHOS interviene ante la JEP (SRVR) en la entrega del primer informe el 20 de abril de 2018 en Barrancabermeja.

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En riesgo mujeres defensoras del agua en el Magdalena Medio

Después de tres años de bloqueo legislativo durante el Gobierno de Iván Duque, el pasado 10 de octubre, fue ratificado el Acuerdo de Escazú en Colombia; un hito para la protección de los derechos de los y las defensoras ambientales en el país más peligroso para la defensa del medioambiente.

El Acuerdo de Escazú contiene disposiciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, promueve la protección de líderes y lideresas ambientales, prevé mayor acceso a la información ambiental y más mecanismos de participación para la sociedad civil. Mecanismos de suma relevancia en un país donde, en la última década, 322 personas defensoras del medioambiente fueron asesinadas. Siendo el 2021 el año más letal para quienes defienden la tierra y el medioambiente, con 33 personas asesinadas.

Preocupa especialmente la intensificación de ataques contra ambientalistas en la región del Magdalena Medio, en particular, contra mujeres ambientalistas que promueven la defensa del agua y de la vida. En la región, es común que los ataques contra las lideresas ambientales ocurran mientras realizan su labor de denuncia contra la industria petrolera y sus nexos con estructuras armadas, así como hechos de corrupción que vinculan a funcionarios públicos locales [1].

Yuli Velásquez pescando en la ciénaga de San Silvestre. Foto: Edu Leon

Uno de los casos de mayor gravedad es el de la lideresa ambiental Yuli Andrea Velásquez Briceño, presidenta de la Federación de Pescadores Artesanales Ambientalistas y Turísticos del Departamento de Santander (Fedepesán) y directora ejecutiva de la Red Nacional de Mujeres Pescadoras Artesanales, que tiene su lanzamiento oficial este 26 de noviembre. Yuli se presenta como “sujeta anfibia, hija de un pescador asesinado, nacida y criada a las orillas del río Magdalena”, arteria principal de Colombia. La lideresa tiene clara su fuente de riesgo: “defendemos nuestro territorio, visibilizamos la contaminación de la industria y nos enfrentamos a grupos armados que tienen vínculos con empresas. Cuando un defensor denuncia a las entidades que deben velar por un ambiente sano, como hay vínculos con actores armados, empiezan las amenazas. Para silenciarnos hemos sido víctimas de ataques sistemáticos«.

La lideresa ambiental Yuli Velásquez. Foto: Edu Leon

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Persisten amenazas de muerte contra ambientalistas en el Magdalena Medio

El Magdalena Medio, región a la que pertenecen el 6% de las víctimas del conflicto armado colombiano, ha sufrido históricamente graves impactos negativos por el modelo económico extractivista. Hoy, una vez más, sus líderes ambientales y personas defensoras de derechos humanos se encuentran gravemente amenazadas y en riesgo de desplazamiento. Allí donde las comunidades han sufrido la expropiación de sus tierras, la expansión de agronegocios y la explotación de hidrocarburos durante más de un siglo, se extiende una inmensa fauna y flora compuesta por innumerables fuentes hidrícas, ríos y ciénagas. La extracción de petróleo ha ocasionado daños irreparables en ellas, y ha afectado gravemente a comunidades que se han dedicado ancestralmente a la pesca. Además, la economía de enclave del Magdalena Medio, no ha generado beneficios para las comunidades que protegen la región, donde se sufren serias limitaciones en el acceso a los servicios de agua potable y energía.

Recientemente, las organizaciones defensoras de derechos humanos y del medioambiente como la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) han conseguido, a través de sus constantes denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos, que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dirija sus ojos hacia el Magdalena Medio y priorice investigar los crímenes cometidos por la Fuerza Pública en el marco del conflicto armado. A pesar de la importancia de priorizar la región, por las graves afectaciones sufridas en el marco del conflicto armado, es alarmante el riesgo al que, a día de hoy, siguen expuestos los y las integrantes de CREDHOS y organizaciones aliadas como el Comité para la defensa del Agua, la vida y el Territorio (AGUAWIL) y la Federación de Pescadores Artesanales, Ambientales y Turísticos de Santander (Fedepesán). Es por ello, que es ugente esclarecer estos graves hechos para que existan verdaderas garantías de no-repetición en una de las regiones más azotadas por el conflicto armado.

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Los hechos más impactantes del año 2017

Enero

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Emilsen Manyoma. Foto: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

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