Credhos víctima colectiva en caso 08 de la JEP: “Hoy como ayer”

El 4 de noviembre de 2022 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció como víctima colectiva e interviniente especial a la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) en el caso 08, cuya apertura fue anunciada a finales de agosto de este año [1]. Este proceso de la justicia transicional colombiana investiga los crímenes cometidos por integrantes de la fuerza pública, otros agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el marco del conflicto armado. Desde 1987, cuando Credhos empezó su trabajo en defensa y protección de los derechos humanos en la ciudad de Barrancabermeja, ha documentado detalladamente 16 casos de ejecuciones extrajudiciales en contra de sus integrantes, perpetrados por grupos paramilitares en connivencia con agentes del Estado colombiano. Además de 10 casos de desplazamiento forzado, cuatro atentados y detenciones arbitrarias. Bajo el título “Hoy como ayer: Informe sobre victimización a personas defensoras de Derechos Humanos de la Región del Magdalena Medio en el marco del conflicto armado (1987-2016) -Caso Credhos-”, la organización radicó el informe ante la JEP en el que se detallan los hechos que afectaron a más de 80 de sus miembros desde 1987 hasta 2016. Y, efectivamente, “hoy como ayer” siguen siendo graves los ataques contra la emblemática organización de Barrancabermeja: el 27 de octubre de este año Credhos fue declarada objetivo militar después de que denunciaran públicamente la falta de respuesta de las autoridades frente a la escalada de violencia en Barrancabermeja [2], y exigieran respuesta frente a los presuntos vínculos entre autoridades estatales y el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) [3].

Resumir el trabajo y la lucha contra la impunidad que ha llevado a cabo Credhos durante más de tres décadas no es fácil. Manuel Camilo Ayala Sandoval, joven abogado de la organización, experto en todos los asuntos que tienen que ver con la justicia transicional, lo intenta mientras la torrencial lluvia de Barrancabermeja nos trae el olor a petróleo a la casa de PBI lugar que fue, durante los años de más violencia, uno de los pocos espacios seguros para muchas personas defensoras de derechos humanos de la ciudad. Camilo recuerda con cariño las historias que le contaban los y las compañeras con mayor tiempo en Credhos, como aquel 24 de diciembre a finales de los 90, en el que integrantes de la organización “estuvieron encerrados en la casa de PBI debido a la situación crítica que se vivía: los podían matar en cualquier esquina. Cada vez que vengo a la casa de PBI me los imagino”.

Camilo Ayala abogado de CREDHOS interviene ante la JEP (SRVR) en la entrega del primer informe el 20 de abril de 2018 en Barrancabermeja.

¿Cuáles son los antecedentes hasta el reconocimiento de Credhos como víctima colectiva ante la JEP?

Este reconocimiento en el caso 08 viene dado por la lucha constante de la organización en instancias nacionales e internacionales, y el apoyo de organismos multilaterales y organizaciones de acompañamiento internacional como PBI. Credhos ha pasado por diversos procesos jurídicos en su lucha por el esclarecimiento de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado. Fundada en 1987, surge como una iniciativa civilista para intentar detener las matanzas que estaban ocurriendo en la región. Credhos ha funcionado como coordinación de movimientos sociales y articulación de sindicatos, organizaciones campesinas, de mujeres en defensa, promoción, protección de derechos humanos y exigencia de aplicación y respeto al Derecho Internacional Humanitario. Entender el proceso de Credhos es entender que tenemos una diversidad de liderazgos.

Fuimos atacados desde el origen por una organización dirigida por agentes estatales conocida como la Red 07 de Inteligencia de la Armada que funcionó en Barrancabermeja y en la región del Magdalena del Medio. Es un capítulo bastante oscuro del conflicto armado, pero también muy interesante para entender cómo funcionó la política paramilitar en Colombia. En este contexto nos matan 6 compañeros en menos de un año. Y ahí la primera junta directiva de Credhos tuvo que salir al exilio. A finales de los 80 y principios de los años 90 ocurre uno de los picos más altos de graves violaciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública en la región. La actual senadora y una de las fundadoras de Credhos, Jahel Quiroga, había sido desplazada en el 92 cuando asesinan a la compañera Blanca Cecilia Durán, secretaria de la organización.

Fotografía de la galería de víctimas de las masacres en Barrancabermeja.

En el año 93 Iván Madero (actual presidente) se vincula a Credhos oficialmente, como parte de esa generación que fue el primer relevo para los fundadores de Credhos. Esa segunda generación empieza a trabajar para impulsar el respeto al derecho humanitario, pero en el 98 empieza una escalada de violencia contra los defensores. Osiris Bayter, la presidenta de Credhos de entonces, es obligada al exilio, amenazada por haber estado participando en la documentación y denuncia de la masacre del 16 de mayo de 1998. Y, de ahí hasta el año 2003, asesinan a otro grupo de compañeros que trabajaban en documentar crímenes de guerra y contra la humanidad. Como otros compañeros y compañeras, Iván es obligado al exilio por 12 años, sin embargo, Credhos persistió, de ahí nuestro lema: “hoy como ayer, persistiendo por la vida y la dignidad”.

En esta misma época, nace la ACVC (Asociación de Campesinos del Valle del Río Cimitarra) en 1996. El proceso organizativo de la ACVC es apoyado, entre otras, por Credhos y por el acompañamiento internacional. Todo eso da lugar a nuevos ataques. A un líder de la junta directiva de Credhos que también era de la ACVC lo asesinan en Yondó.

Fotografía de la galería de víctimas de las masacres en Barrancabermeja.

En el periodo de Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) empieza otra etapa de trabajo. Credhos denuncia un video en el que Álvaro Uribe se reune con personajes después condenados por parapolítica y paramilitarismo. En 2008 es cuando se dan a conocer a nivel internacional los mal llamados “falsos positivos” a raíz del caso de Aicardo Ortiz. Es precisamente Credhos junto con la ACVC y otras organizaciones que llevamos este caso ante la ONU. En el 2012, Iván Madero vuelve del exilio y, en 2016, Credhos es reconocida como sujeto de reparación colectiva por la Unidad de Víctimas. Esto me sirvió a mi como abogado para decirle a la JEP “nosotros somos ya reconocidos por una institución de Justicia Transicional del Estado colombiano, es importante que nos reconozcan también como víctima colectiva e interviniente especial en la Jurisdicción Especial para la Paz”.

¿Y qué implicaciones tiene este reconocimiento?

La lucha en la JEP es por verdad y justicia en el marco del derecho a la reparación integral, es decir, por el esclarecimiento de los hechos, saber quiénes fueron los responsables, cómo se les va a sancionar, cómo vamos a hacer para que esto no vuelva a ocurrir. Pero no es un proceso que hayamos iniciado en el 2022. El primer informe que nosotros presentamos fue en abril de 2018 y fuimos la primera organización a nivel nacional de la sociedad civil en presentar un informe de víctimas a la JEP. Después presentamos un total de 8 informes con 364 víctimas que nos dieron la confianza para acompañarlas en este proceso. Dentro de esos 8 informes, tomamos la decisión de presentar el caso de Credhos en diciembre de 2021, donde pedíamos la acreditación colectiva.

Iván Madero, actual presidente de CREDHOS entrega el Primer informe de Credhos a la Magistratura de la JEP el 20 de abril de 2018 en Barrancabermeja.

¿Por qué ha tardado tanto el reconocimiento?

Lo que pasa es que la JEP, hasta ahora, había abierto 7 macrocasos , y en ninguno se priorizaba la región del Magdalena del Medio.

¿Y por qué hasta ahora no se había priorizado la región del Magdalena Medio?

Precisamente porque la JEP ha utilizado una metodología en la que, revisando los informes presentados, ven los picos altos de violencia en cifras. Y esto es triste porque una víctima termina convertida en una cifra. Pero no sabría decirte una alternativa metodológica para la investigación macrocriminal. Sería importante que realmente se apliquen enfoques diferenciales y el principio de centralidad de las víctimas como garantía para la participación.

En el Magdalena Medio, el Estado colombiano, sobre todo después de mediados de los 90s, ejecutó la mayoría de los crímenes de guerra a través de estructuras paramilitares. En otras regiones es más clara la criminalidad directa por parte de agentes estatales. Aunque en la región está la Brigada XIV, con el Calibío y otros batallones que cometieron ejecuciones extrajudiciales, esto ocurrió en el Nordeste Antioqueño. Entonces la JEP priorizó Antioquia en el caso 03 (ejecuciones extrajudiciales) pero no el Magdalena Medio.

¿Por qué se inicia el caso 08?

La JEP tiene quince años de funcionamiento, tiene que resolver lo que pasó en los últimos 60 años de conflicto y definir quiénes son los máximos responsables. Su metodología ha sido de “abajo hacia arriba” (el objetivo es identificar a los autores materiales y llegar a quienes dieron las órdenes), pero se han dado cuenta de que no van a alcanzar a este punto a los máximos responsables. Por eso ahora hay un cambio metodológico, en el sentido de investigar por actores y patrones macrocrimianles en los denominados “casos sombrilla” [4]. Así llegamos al caso 08 que tiene la particularidad de investigar crímenes ejecutados por agentes del Estado: todos los crímenes a excepción de los que hayan sido presentados como bajas en combate (ejecuciones extrajudiciales), porque ya tienen el caso 03. Tampoco van a investigar los crímenes contra miembros de la UP (Unión Patriótica) porque ya tienen el caso 06. Lo que se hace con este caso es meter dentro de la misma bolsa la asociación con grupos paramilitares, terceros civiles y agentes estatales no integrantes de la Fuerza Pública. Y es un caso que inicia con 70.000 hechos victimizantes en el país y 2.800 comparecientes.

Credhos realiza acto oficial de entrega del informe ante la SRVR de la JEP. En la mesa principal del evento de entrega la Magistratura de la SRVR de la JEP en pleno, 20 de abril de 2018 en Barrancabermeja.

Entonces la novedad del caso 08 es que, además de priorizar la región del Magdalena Medio, se van a investigar nexos entre agentes del estado con el paramilitarismo y otros actores ¿Crees que esto servirá para el esclarecimiento de los hechos?

Eso esperamos todos, es lo que nos gustaría. Lo que pasa es que estamos hablando de un caso que inicia con 70.000 hechos victimizantes. La proyección que hacemos es que puede llegar a tener a nivel país hasta 100.000 hechos victimizantes o más y hablamos de 2.800 personas llamadas a dar versiones libres y que posiblemente serán llevadas a juicio. No sabemos entonces en qué va a parar todo esto cuando la JEP tiene cinco años y le quedan diez. La JEP dice que tiene una metodología para agilizar el proceso. Pero hay empresarios implicados que tienen todavía poder económico, hay políticos que están todavía en cargos públicos…

¿Hay expectativas de sufrir represalias por la decisión de la JEP de acreditarlos como víctima colectiva en el caso 08?

Nosotros veníamos insistiendo a la JEP “¿qué pasa con las garantías de no repetición?”. Aquí todavía existe el conflicto, nos están amenazando, están atentando contra la gente y las víctimas nos están llamando. Entonces pasamos una solicitud de medidas cautelares que nos otorgaron en mayo de 2022, pero más allá de lo simbólico, no han logrado concretarse en medidas integrales de protección. Y ahí salieron los videos de las AGC en octubre de este año. Estas amenazas pueden tener que ver con nuestro trabajo habitual de denuncia, pero también pueden estar relacionadas con los procesos de justicia transicional. En los últimos cuatro años no habíamos tenido amenazas de esta envergadura. Justo cuando la JEP publica el auto del caso, cuando estamos diciendo que vamos a participar de lleno en el caso 08, arremeten con más fuerza.

En el caso de las mujeres lideresas y defensoras, hay formas de violencia concretas dirigidas contra ellas por el hecho de ser mujeres. ¿Cómo lo están abordando en el marco de la justicia transicional? Dentro de la documentación de víctimas ¿se han identificado prácticas concretas dirigidas contra las mujeres defensoras?

Contra la base social, claro que sí. Por ejemplo, una lideresa que tiene casi ochenta años y nos está ayudando a documentar los casos de violencia sexual, ella sufrió múltiples violencias basadas en género en el marco del conflicto. Ha organizado su propia asociación de víctimas de Santa Rosa del Sur. También tenemos compañeras que mataron a sus hijos enfrente. Tenemos varios ejemplos de mujeres que lideraron el trabajo de Credhos y fueron clave. Ahora estamos en un ejercicio con la nueva generación tratando de generar ese relevo de liderazgo de mujeres y ahí están las compañeras Gloria, Angie, Laura… Estamos en el mes púrpura denominado así por las compañeras y se han generado toda una serie de actividades donde también participan mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. También en temas de justicia transicional lo estamos integrando.

Víctimas que representa Credhos realizan acto de entrega de símbolos a la Magistratura de la JEP, 6 de febrero de 2020 en Barrancabermeja.

¿Qué viene ahora?

Somos la primera organización a nivel nacional en ser reconocidas dentro de este caso 08. Y eso tiene una importancia simbólica e histórica y esperamos que tenga un impacto en las organizaciones: que vean la posibilidad de seguir esa lucha contra la impunidad. Esto sirve como precedente para que otras organizaciones como la ACVC, la USO (Unidad Sindical Obrera) y todas las organizaciones que están alrededor de nosotros puedan pedir un reconocimiento como el nuestro y ojalá lo consigan.

Yo considero que la justicia transicional es un campo de disputa. Y ahí los victimarios van a querer dar su versión y las víctimas tendremos que luchar para lograr garantías en el marco de los estándares internacionales en cuanto a reparación integral. Y va a ser un proceso largo, de diez años. Hoy lo que es noticia es que somos una organización que, contra viento y marea, hemos llegado a exigir esos derechos que nos han conculcado en otras instituciones. El primer paso grande que nos toca ahora es acreditar 364 víctimas que están esperando que se les reconozca dentro del proceso.

Hace 3 años mientras íbamos hacia la sede de PBI en Bogotá, reflexionábamos con el compañero Iván como sería esto, con el trabajo que veníamos desarrollando tras la decisión de la Junta Directiva de Credhos de priorizar la participación en el Sistema Integral de Paz, en ese sentido, estábamos haciendo informes de víctimas para la JEP, y nos planteamos entregar el informe de Credhos. Pensamos como organización que era importante porque era la reivindicación de nuestros compañeros y compañeras que han dado sus vidas por la defensa de los derechos humanos. Hoy necesariamente en el panorama nacional e internacional se está hablando de estos compañeros y compañeras que ya no están físicamente, y hay que persistir en reivindicar su lucha también como defensores de derechos humanos.

Inés Moreno Martin-Pozuelo

PBI Colombia


[1] Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia): tweet, 30 de agosto de 2022.

[2] Ciudad donde la reciente Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo (AT 027 de 2022) determina el alto riesgo para las comunidades, líderes y organizaciones de derechos humanos, entre las que se menciona Credhos, debido a la expansión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el ELN y disidencias de las FARC en la región del Magdalena Medio.

[3] El 26 de octubre se publicó un vídeo donde hombres fuertemente armados, que se identificaron como integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), reafirmaron su presencia y acciones de «limpieza social» en la ciudad de Barrancabermeja y señalaron a miembros de la policía y a funcionarios públicos, como el alcalde de Barrancabermeja y el inspector de Policía de Yondó, por haber incumplido un supuesto acuerdo con esta estructura armada ilegal, al tiempo que decretaron un «plan pistola» contra los funcionares que incumplieron el acuerdo, y amenazaban a un líder comunal. El 27 de octubre, posterior a la denuncia de Credhos, se publicó un nuevo vídeo, donde otro grupo fuertemente armado autodenominado “Bandas Criminales de Barrancabermeja”, señala directamente a Credhos como aliados de las AGC, estigmatizando a los defensores de derechos humanos y declarándolos “objetivo militar”.

[4]En febrero de 2022, la JEP anunció la apertura de tres nuevos macrocasos:

-Caso 08: “Crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares”.

-Caso 09: “Crímenes contra Pueblos y Territorios Étnicos”

-Caso 10: “Crímenes no amnistiables cometidos por las extintas Farc-EP en el marco del conflicto armado colombiano”

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