El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, definió desde su toma de posesión que la política de la “Paz Total” sería una de las prioridades de su agenda. Esta política busca la apertura de diálogos y la desmovilización de todas las estructuras armadas ilegales. Desde entonces, cuatro de estos grupos declararon un cese al fuego^[1] y, en noviembre de 2022, se reinstaló una mesa de negociaciones con la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional)^[2], suspendida durante el Gobierno de Iván Duque. Asimismo, está previsto un proyecto de ley para el sometimiento a la justicia de otras estructuras armadas que el Gobierno define como “grupos criminales de alto impacto”, que carecerían de carácter político y, en el que estarían incluidas estructuras sucesoras del paramilitarismo, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) ^[3]

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