Hace dos años, en pleno auge de la pandemia del Covid-19, varias comunidades étnico-territoriales y campesinas de Colombia, acompañadas por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (JyP), enviaban una carta pública al presidente Iván Duque en la que solicitaban un Acuerdo Humanitario Global [1]. La petición implicaba el cese de las hostilidades y nuevos diálogos de paz con inclusión de los múltiples actores armados aún presentes en los territorios. Desde entonces más de 160 comunidades, apoyadas por la Iglesia Católica [2], organismos internacionales [3] y organizaciones de la sociedad civil [4], han enviado 57 cartas abiertas [5] con el mismo fin sin que haya habido respuesta alguna por parte del Gobierno saliente.
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