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Por la defensa del agua y la vida: La Ciénaga Pajaral

Las ciénagas son cuerpos de agua imprescindibles para el ecosistema, estancos que dan vida a una flora y fauna extraordinarias. Estos fenómenos naturales también atraen intereses económicos que amenazan con dañarlos, hasta hacerlos desaparecer, como es el caso de los ríos y ciénagas del Magdalena Medio. En esta región, repleta de defensores y defensoras del agua y del medioambiente, las actividades extractivistas, agronegocios y la ganadería extensiva avanzan, devastando a su paso, territorios habitados por pueblos ancestrales, en el caso del Sur de Bolívar sobre todo pueblos afrocolombianos, campesinos y de pescadores artersanales.

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Volvimos, estamos: somos Génesis

Las Operaciones Génesis y Cacarica: frente al horror, una historia de resistencia

La región del Bajo Atrato, en el noroccidente colombiano, ha sido un enclave particularmente azotado por la violencia y el conflicto armado. Según la Unidad de Víctimas, en la región, se encuentran registradas cerca de 429.820 víctimas de desplazamiento forzado, despojo de tierras y asesinatos selectivos, entre otros[1]. Uno de los hechos más cruentos, que marcó para siempre la historia de las comunidades afrocolombianas del río Atrato, tuvo lugar en la cuenca de Cacarica. La Operación Génesis, ejecutada entre el 24 y 27 de febrero de 1997 fue una ofensiva encabezada por el General Rito Alejo del Río, comandante de la Brigada XVII del Ejército, coordinada con el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (Bloque Elmer Cárdenas), con el pretexto de retomar zonas controladas por la guerrilla de las FARC-EP[2]. Paralelamente y en operaciones conjuntas con las Fuerzas Militares[3], el grupo paramilitar Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), inició la Operación Cacarica, atravesando el río Atrato hasta incursionar en las cuencas del Salaquí, Truandó y Perancho[4].

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Persisten amenazas de muerte contra ambientalistas en el Magdalena Medio

El Magdalena Medio, región a la que pertenecen el 6% de las víctimas del conflicto armado colombiano, ha sufrido históricamente graves impactos negativos por el modelo económico extractivista. Hoy, una vez más, sus líderes ambientales y personas defensoras de derechos humanos se encuentran gravemente amenazadas y en riesgo de desplazamiento. Allí donde las comunidades han sufrido la expropiación de sus tierras, la expansión de agronegocios y la explotación de hidrocarburos durante más de un siglo, se extiende una inmensa fauna y flora compuesta por innumerables fuentes hidrícas, ríos y ciénagas. La extracción de petróleo ha ocasionado daños irreparables en ellas, y ha afectado gravemente a comunidades que se han dedicado ancestralmente a la pesca. Además, la economía de enclave del Magdalena Medio, no ha generado beneficios para las comunidades que protegen la región, donde se sufren serias limitaciones en el acceso a los servicios de agua potable y energía.

Recientemente, las organizaciones defensoras de derechos humanos y del medioambiente como la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) han conseguido, a través de sus constantes denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos, que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dirija sus ojos hacia el Magdalena Medio y priorice investigar los crímenes cometidos por la Fuerza Pública en el marco del conflicto armado. A pesar de la importancia de priorizar la región, por las graves afectaciones sufridas en el marco del conflicto armado, es alarmante el riesgo al que, a día de hoy, siguen expuestos los y las integrantes de CREDHOS y organizaciones aliadas como el Comité para la defensa del Agua, la vida y el Territorio (AGUAWIL) y la Federación de Pescadores Artesanales, Ambientales y Turísticos de Santander (Fedepesán). Es por ello, que es ugente esclarecer estos graves hechos para que existan verdaderas garantías de no-repetición en una de las regiones más azotadas por el conflicto armado.

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«So Bia Drua»: Tierra Feliz de las comunidades embera

«Tierra feliz» o So Bia Drua, en lengua embera, es como las comunidades indígenas del Resguardo Humanitario Ambiental Uradá-Jiguamiandó se refieren a su territorio, ubicado en el municipio de Carmen del Darién, departamento del Chocó.

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El pueblo embera en defensa de su territorio sagrado

En el Bajo Atrato, a caballo entre los departamentos de Antioquia y Chocó, el cerro “Careperro” o Jaika tuma, se erige como un lugar sagrado para el pueblo indígena embera eyabida, traducido como “habitantes de las montañas” [1]. El río Atrato, que recorre ambos departamentos y desemboca en el Caribe, está habitado por multitud de comunidades afrocolombianas, mestizas e indígenas, muchas de las cuales son acompañadas por la Comisión de Justicia y Paz (JyP), organización acompañada por PBI desde 1994. Entre estas últimas, a orillas del río Jiguamiandó -ramificación del Atrato- y en las inmediaciones del cerro Jaika Tuma, habitan ocho comunidades[2] del pueblo embera organizadas en el Resguardo Indígena Uradá-Jiguamiandó. Para ellas, el cerro es un lugar sagrado y fuente de vida, entre otras razones, porque es de donde obtienen el agua y los jaibaná –- médicos tradicionales– – se surten de plantas medicinales.

Históricamente, las comunidades étnicas de la región del Bajo Atrato han resistido a los intereses que diversos megaproyectos han tenido sobre sus territorios ancestrales. El actuar de industrias bananeras, palmeras y mineras, que contribuyó en el despojo de las tierras de las comunidades, ha tenido como denominador común el atropello de sus derechos ancestrales, la comisión de graves violaciones de derechos humanos e impactos medioambientales en sus territorios[3]. De hecho, algunas de estas empresas, que fueron una pieza más en el complejo engranaje del conflicto armado, han sido investigadas y, en ocasiones, condenadas por colaborar con grupos paramilitares en la región[4].

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