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Convertir la pérdida en poder popular

(Daniela Cuenca, Brigadista de terreno)

La tierra colombiana es también tierra de organización popular, de resistencia y de luchas persistentes por los derechos humanos. En medio de su diversidad, su complejidad y sus profundas heridas, han sido los movimientos sociales quienes han sostenido la defensa de la vida frente a la violencia. Yanette Bautista es, y será siempre, una de las referentes indiscutidas de ese largo camino: una mujer que transformó una experiencia íntima de dolor (la violencia política atravesando su propia familia) en organización, en red, en comunidad. Donde hubo miedo y angustia, Yanette ayudó a construir poder colectivo; donde hubo pérdida, sembró memoria y esperanza.

Yannette Bautista
Yannette Bautista

Yanette inició su militancia en la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (ASFADDES) tras la desaparición forzada de su hermana, Nydia Érika Bautista, el 30 de agosto de 1987, en una operación conjunta de las Brigadas III y XX del Ejército Nacional1. Durante tres años emprendió una búsqueda incansable hasta lograr encontrar sus restos: Nydia había sido asesinada y enterrada como NN en un cementerio de Guayabetal, en el departamento de Cundinamarca2.

A finales de los años noventa, Yanette llegó a presidir la Federación de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de América Latina (FEDEFAM), consolidando su liderazgo más allá de las fronteras de Colombia. Sin embargo, su compromiso también tuvo un alto costo: fue víctima de amenazas, hostigamientos y persecución política3, lo que la obligó a vivir en el exilio en España, Alemania y Costa Rica. Durante ese tiempo, lejos de detenerse, continuó organizando, articulando y sosteniendo procesos de denuncia contra la desaparición forzada.

En 2006, tras su regreso a Colombia, fundó formalmente la Fundación Nydia Érika Bautista por los Derechos Humanos (FNEB), aunque sus bases ya se habían tejido durante sus años de exilio en Alemania, luego de más de una década de lucha. Yanette fue la directora de la Fundación hasta su fallecimiento, el 1 de septiembre de 2025. 4Dedicó su vida entera a la reconstrucción del tejido social que la violencia intentó romper, convencida de que la memoria, la organización y el cuidado mutuo son formas profundas de justicia. Por eso, su ausencia hoy también es memoria colectiva. Su historia y su legado marcan un horizonte: no sólo para quienes creemos que otros mundos son posibles, sino para quienes, día a día, participan activamente en el cuidado de esos mundos amables que ya existen.

Tres meses antes de su partida, el 9 de junio de 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó oficialmente a Yanette Bautista como víctima y como mujer buscadora en los macrocasos 08 y 11.5 Con este reconocimiento, la JEP validó no solo el sufrimiento personal provocado por la desaparición de su hermana, sino también su labor constante en la búsqueda de verdad y justicia, y su acompañamiento comprometido a cientos de familias víctimas en Colombia.

Acompañar para reconstruir, organizar para resistir

La Fundación Nydia Erika Bautista se dedica a la protección de los derechos de familiares de personas desaparecidas y ofrece un acompañamiento con enfoque integral, participativo y de género, ya que las búsquedas son encabezadas en su mayoría por mujeres, quienes afrontan diferentes daños a su salud física y mental en el arduo camino para encontrar a sus seres queridos6. La organización lucha contra la estigmatización a la que se ven expuestas las mujeres defensoras de DD.HH y la revictimización que atraviesan a diario por parte de organismos estatales y algunos sectores de la sociedad.

Según Amnistía Internacional Colombia “Las buscadoras en Colombia sufren de estigmatización en el discurso público, viven afectaciones a su dignidad humana, son discriminadas y afectadas en su buen nombre en respuesta a las denuncias que han hecho. Sufren violencia física, que en el caso de las mujeres buscadoras, tiene un carácter especial y causa un daño diferenciado, pues está atravesada por la violencia basada en género, por su vulnerabilidad a la violencia sexual y por un continuo de violencias contra la mujer que se expresa durante todo el ejercicio de búsqueda de los seres queridos desaparecidos forzadamente.7

Estas mujeres caminan la misma senda que recorren las madres de México que hoy excavan la tierra con sus propias manos y que las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo8 comenzaron a trazar en Argentina hace casi medio siglo, cuando transformaron el terror de la desaparición en una lucha pública por la verdad; en estos territorios latinoamericanos, atravesados por violencias similares, son mujeres (madres, hermanas, abuelas) las que enfrentan al poder, al silencio y a la impunidad, convirtiendo su dolor en organización colectiva, en memoria viva, en pedagogía del amor y sosteniendo una verdad común que atraviesa fronteras: que sin los cuerpos, sin los nombres, sin justicia, no hay paz posible para nuestros pueblos.

La Ley de Mujeres Buscadoras: un precedente nacido desde los territorios

En este camino de construir poder popular y reconocimiento a las mujeres que buscan en los diferentes territorios del país, la FNEB propulsó la Ley 2364 en 20249, que fue finalmente reglamentada por un decreto en enero 2026.10 Esta normativa, conocida como “Ley de Mujeres Buscadoras”, marca un hito en la historia reciente del país y se constituye como un precedente para Latinoamerica y el resto del mundo, proponiendo un enfoque integral que reconoce que las búsquedas de las personas desaparecidas han sido sostenidas, mayoritariamente, por mujeres que asumieron esta tarea en escenarios complejos, de abandono y violencia, estigmatización y riesgo. En este sentido, se incorpora una perspectiva de género que reconoce las desigualdades estructurales que vivencian estas mujeres, así como las violencias diferenciadas que enfrentan por su condición de género, etnia y su rol comunitario.

Otro aporte central es el reconocimiento de la búsqueda como un trabajo social, político y comunitario, y no únicamente como una experiencia de duelo privada e individual. Se visibiliza la carga emocional, física y económica que implica buscar en Colombia, y establece obligaciones estatales en materia de protección, acompañamiento psico espiritual, acceso a la justicia y garantías de no repetición. De esta manera, transforma una práctica históricamente invisibilizada en una responsabilidad pública11.

En un escenario regional marcado por la persistencia de la desaparición forzada en países como México, Argentina, Guatemala o Perú12, la experiencia colombiana ofrece una referencia concreta: una legislación construida desde la lucha de las propias buscadoras, que reconoce su agencia política y su papel en la reconstrucción del tejido social. Más que un cierre, esta ley abre un camino posible para pensar marcos normativos que partan del cuidado, la memoria y la justicia con enfoque de género.

Finalmente, el verdadero desafío que plantea la Ley de Mujeres Buscadoras no es solo su existencia formal, sino su implementación efectiva. Convertir este reconocimiento en políticas públicas sostenidas, con recursos adecuados y garantías reales, es una tarea pendiente que interpela tanto al Estado colombiano como a la comunidad internacional13. Acompañar este proceso es fundamental para que este precedente no quede aislado, sino que inspire transformaciones profundas en otros territorios atravesados por la violencia y la búsqueda.

La militancia desde el amor

El trabajo de Yanette no se limitó a la incidencia jurídica ni a la construcción normativa, su mayor legado vive en los procesos colectivos que acompañó y fortaleció en los territorios. La organización Madres por la Vida de Buenaventura14, es un ejemplo de como Yanette fue no sólo una aliada, sino una guía política y afectiva. Según relatan muchas de ellas, durante las actividades compartidas, su acompañamiento fue decisivo para reconocerse como sujetas políticas, como defensoras de derechos humanos en sus propios territorios, capaces de exigir verdad, memoria y justicia sin renunciar al cuidado colectivo.

A estas mujeres se las conoce como “las patidescalzas”15: madres que caminan descalzas sus barrios, riberas y cementerios, sosteniendo la búsqueda con el cuerpo expuesto y la memoria viva. Esa forma de nombrarse condensa una ética de la lucha que Yanette supo leer y fortalecer: la de mujeres que, aun en condiciones extremas, convierten el dolor en organización y el aislamiento en red. Este mismo enfoque guió su acompañamiento a otros procesos emblemáticos del país, como el de las madres de la Comuna 13 de Medellín, que comparten su lucha en el documental Si la escombrera hablara”16. Allí, la palabra poética y el arte se transformaron en denuncia, en archivo vivo, en una manera de decir aquello que la tierra esconde y el Estado aún se resiste a escuchar.

En palabras de una de ellas “ Yanette fue la que nos dijo que sí podíamos buscar, que sí podiamos buscar en el mar, en el estero, en el río. Era la que siempre nos decía “Hágale mamita que usted puede”. Hoy, su “mayora” está presente en cada momento de encuentro, en cada espacio de limpieza espiritual que se llena de alabaos y la nombra, la recuerda, manteniendo viva su lucha en el tiempo.

Defender la vida

La historia de Yanette no es una historia más: es una historia poderosa, profundamente enraizada en la vida de Colombia. Su trabajo hizo (y hace) frente al horror, memoria frente al olvido, lucha frente a la impunidad. Pero también habla de un país que, aun atravesado por la violencia, no ha perdido la capacidad de cuidarse, de encontrarse, de celebrar la vida.

Colombia es también la amabilidad que se ofrece sin preguntas, el baile que irrumpe incluso en medio del duelo, la risa compartida, la solidaridad cotidiana entre quienes resisten juntxs. Es la fuerza de las mujeres, la ternura que convive con la firmeza, la creatividad que transforma el dolor en arte y el miedo en comunidad. En ese país diverso y vibrante, la lucha por los derechos humanos no es sólo activismo: es abrazo, es cuerpo en movimiento, es amor organizado.

Apoyar el legado de Yanette Bautista no es únicamente un gesto simbólico: es apostar por esa Colombia que ya existe, la que se levanta desde los territorios, la que cree en la verdad, la justicia y la reparación como caminos posibles. Es respaldar a quienes, con alegría, coraje y compromiso, trabajan cada día por sostener la vida y seguir construyendo futuros dignos, donde la memoria no pese como una carga, sino que ilumine el camino compartido.

 

 

7Amnistía Internacional. (2024). Colombia: El tempestuoso camino de las buscadoras de víctimas de desaparición forzada. Amnistía Internacional. https://www.amnesty.org/es/latest/news/2024/12/colombia-buscadoras-desaparicion-forzada/https://www.amnesty.org/es/latest/news/2024/12/colombia-buscadoras-desaparicion-forzada/

Mujeres en el Bajo Atrato: constructoras de paz, protectoras del territorio

por Francesca Nugnes, representante Europea de PBI Colombia

A 29 años de la Operación Septiembre Negro(*), las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó siguen enfrentando control armado, despojo territorial y abandono estatal. En esta entrevista, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, analiza la situación actual y destaca el rol fundamental de las mujeres en la defensa de la vida, el territorio y la construcción de paz.

(*) Equipo Nizkor. Informe sobre la compañía frutera Banacol, implicada en el acaparamiento de tierras y paramilitarismo. Disponible en: https://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/banacol.html

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Introducción

A casi tres décadas de la Operación Septiembre Negro, las comunidades negras, mestizas e indígenas de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, en el Bajo Atrato chocoano, continúan viviendo las consecuencias del desplazamiento forzado, el despojo territorial y la violencia armada1.

En este contexto de profunda crisis humanitaria, las mujeres han desempeñado un rol central y sostenido en la defensa de la vida, el territorio y el ambiente. Desde la creación de mecanismos colectivos de autoprotección, como las Zonas Humanitarias y de Biodiversidad2, hasta la reciente inauguración de la Casa de las Mujeres, su trabajo ha sido clave para sostener la resistencia comunitaria y abrir caminos de cuidado, memoria y construcción de paz.

En esta entrevista, Yohana López, Subsecretaria Ejecutiva de la Comisión de Justicia y Paz, reflexiona sobre la situación actual de las comunidades del Bajo Atrato, sus incansables esfuerzos para la construcción de Paz, los desafíos que plantea el control armado, los procesos de diálogo con grupos armados ilegales y la urgente necesidad de avances en las políticas de prevención y protección individual y colectiva para las personas defensoras de derechos humanos y ambientales, poniendo especial énfasis en la experiencia organizativa y el liderazgo de las mujeres en el territorio.

A 29 años de la Operación Septiembre Negro: una crisis que persiste

PBI: En el mes de noviembre, la Comisión invitó a la comunidad internacional, instituciones estatales y gubernamentales de Colombia y a PBI a dos días de conmemoración3 de los 29 años de la Operación Septiembre Negro, que, a través de asesinatos selectivos, masacres y terror ocasionó el desplazamiento de miles de personas de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó (Bajo Atrato – Chocó). ¿Cuál es la situación actual de las comunidades que habitan hoy estos territorios?

Yohana López: La situación actual de las comunidades negras y mestizas de las cuencas del Bajo Atrato, en especial Jiguamiandó y Curvaradó, es lamentable. Después de años de resistencia en defensa de la vida y el territorio, de sentencias a su favor por la sistemática violación de derechos humanos, de dos procesos de paz con las AUC4 y las FARC – EP5, y de tres años de un gobierno progresista que prometía el cambio de una política tradicional alejada de los territorios más afectados por el conflicto social y armado, su situación es crítica. Están sometidos al control socio-territorial de la estructura armada ilegal del autodenominado Ejército Gaitanistas de Colombia (EGC), quienes ejercen como única autoridad e implementan un modelo socioeconómico extractivista y desconocedor de los derechos fundamentales de los habitantes ancestrales.

(inauguración de la Casa de las Mujeres, Jiguamiandó, noviembre 2025)

La Casa de las Mujeres: organización, cuidado y construcción de paz

PBI: Durante la conmemoración, se realizó también la inauguración de la Casa de las Mujeres. ¿En qué consiste este espacio y qué destacas de esta experiencia?

Yohana López: La Casa de las Mujeres, de acogida y diálogo para la paz, es un logro y un reconocimiento al trabajo organizativo de las mujeres y a su papel fundamental en la defensa de la vida, el ambiente y la construcción de paz. Es un lugar de encuentro, diálogo, formación, esparcimiento y construcción colectiva de afrontamiento y superación de los traumas que la violencia ha dejado en las vidas de las mujeres, sus familias y la comunidad.

Destaco de esta iniciativa que surgió y es liderada por las mismas mujeres de la asociación ASOMUJIGUA. Era un deseo pospuesto que se logra gracias a su persistencia. Este espacio les permitirá compartir y estrechar la unidad en torno al mejoramiento de sus vidas con dignidad, libertad y fortaleza.

(inauguración de la Casa de las Mujeres, Jiguamiandó, noviembre 2025)

Zonas Humanitarias y de Biodiversidad: proteger la vida y el ambiente

PBI: Estos territorios se han caracterizado por el surgimiento, hace más de dos décadas, de formas de autoprotección colectiva —de las personas y del ambiente— totalmente innovadoras y pioneras, como las Zonas Humanitarias y de Biodiversidad. ¿En qué consisten estos mecanismos? ¿Cómo han logrado salvar vidas y contribuir a la defensa ambiental?

Yohana López: Las Zonas Humanitarias y las Zonas de Biodiversidad son mecanismos de protección de la vida y el ambiente. La Zona Humanitaria es la figura que, sobre la base del principio de distinción de la población civil, se creó como una zona delimitada y visibilizada exclusiva para la defensa de la vida de civiles en medio de la confrontación armada, la acción paramilitar, de guerrillas y el abuso de la fuerza por parte de la Fuerza Pública.

La Zona de Biodiversidad es el mecanismo que se crea como resistencia y conservación ambiental ante la expansión acelerada del monocultivo de palma y banano, la extracción maderera y la ganadería extensiva, siendo este modelo económico el foco del desplazamiento y despojo de tierras en las cuencas del Jiguamiandó y Curvaradó. Además, la Zona de Biodiversidad es el mecanismo que posibilita el retorno de las familias a sus fincas, aun sin garantías del Estado colombiano.

Diálogos con el EGC: dudas, riesgos y exclusión de las comunidades

PBI: Uno de los grupos armados ilegales que mayormente ejerce su control en estos territorios del Bajo Atrato es el autodenominado EGC6. A pocos días del anuncio del cierre del segundo ciclo de “diálogo” con el Gobierno en Catar7, ¿cuál es tu valoración de este proceso? ¿En qué medida han sido involucradas las comunidades que habitan estos territorios? ¿Existen mecanismos de monitoreo y acompañamiento que brinden garantías para las comunidades y para las personas defensoras de derechos humanos y del ambiente?

Yohana López: Nuestra valoración parte de la insatisfacción de las comunidades negras, mestizas e indígenas que no se ven reflejadas ni en la postura del Gobierno ni mucho menos en la de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), ahora autodenominadas EGC. Este territorio ha padecido un conflicto armado y social aún sin resolver, dejando un manto de impunidad e injusticia para los pobladores ancestrales, lo cual es pasado por alto al instalar una mesa con un grupo responsable de gran parte de la violencia y la crisis social y humanitaria.

Aún más, se trata de un grupo armado que hoy se impone como autoridad en el territorio, implementando a la fuerza su modelo socioeconómico por encima de la voluntad, la libertad y la autonomía de las comunidades a la autoadministración de sus territorios.

Ciertamente, hay muchas dudas sobre la voluntad real de las partes para avanzar en un proceso que brinde condiciones mínimas de paz y dignidad a estas comunidades, sin que de antemano se tenga claro el marco jurídico de esta negociación, el carácter del grupo armado y su capacidad de mando unificado, el balance de la justicia transicional sobre los graves hechos ocurridos en esta zona, la verdad de los responsables y las garantías de no repetición que aseguren el fin del ciclo de violencia que las AGC han perpetuado ante la inercia estatal.

Ataques a personas defensoras y exigencias al Estado

PBI: En las últimas semanas, la comunidad internacional8,9,10 han alertado sobre múltiples ataques11 en contra de integrantes de la Comisión, varios de ellos en el suroccidente del país. ¿Qué está solicitando la Comisión frente a estos ataques? ¿De qué manera el Estado y el Gobierno deberían reforzar sus políticas y mecanismos de prevención y protección?

Yohana López: Ante todo, requerimos respuestas del Gobierno nacional. Es increíble el silencio y la falta de atención oportuna y eficaz ante el recrudecimiento de la violencia y la falta de seguridad y garantías en general para la población civil, y aún más para quienes ejercemos la misión de la defensa de los derechos humanos en este complejo contexto.

Exigimos lo básico, lo fundamental: poder estar en los territorios con las comunidades sin la presión constante del riesgo sobre nuestra integridad. Exigimos que el Estado y el Gobierno colombiano retomen la autoridad perdida en los territorios, con planes integrales que devuelvan la confianza de la población en sus gobernantes y en sus políticas, que no deben surgir de eruditos en los escritorios de la capital, sino de la realidad tangible de los territorios y de la experiencia de los afectados directos de la violencia.

Volcarse al territorio, escuchar a las comunidades, hacer presencia como autoridades civiles de orden nacional, impulsar la economía sostenible y comunitaria y brindar las condiciones mínimas de vida digna, devolviendo algo de esperanza en medio de la desolación y la soledad de los territorios.

Una política de paz y seguridad que vaya más allá del discurso como bandera político-electoral y de medidas materiales de protección que, lejos de proteger, resultan inútiles ante el crecimiento exponencial de la criminalidad y su control de vastos territorios y sometimiento de las poblaciones.

PBI: Muchas Gracias, Yohana, por compartirnos tus saberes y lecturas.

1 Oidhaco. En el Chocó se agudizan los riesgos para comunidades y procesos organizativos frente a control ejercido por el autodenominado Ejército Gaitanistas de Colombia. 11 de diciembre de 2025. Disponible en: https://www.oidhaco.org/en-el-choco-se-agudizan-los-riesgos-para-comunidades-y-procesos-organizativos-frente-a-control-ejercido-por-el-autodenominado-ejercito-gaitanista-de-colombia-y-la-ausencia-estatal/

2 Estas experiencias colectivas han sido reconocidas incluso en procesos de justicia transicional como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde más de 800 habitantes organizados en estas zonas han sido acreditados como víctimas en el marco del caso sobre la situación territorial de Urabá y el Bajo Atrato. Para más informaciones: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-comienza-acreditaci%C3%B3n-de-v%C3%ADctimas-en-las-zonas-humanitarias-de-Jiguamiand%C3%B3-y-Curvarad%C3%B3%2C-Choc%C3%B3.aspx?

3 @Jusiticiaypazcol Conmemoración 29 años afirmando la vida y defendiendo el territorio. Septiembre negro 1996-2025. Disponible en: https://x.com/Justiciaypazcol/status/1989821137824497752?s=20

4 AUC, sigla del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia

5 FARC – Ep: sigla del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejercito Popular

6 Ver: Oidhaco. Oidhaco. En el Chocó se agudizan los riesgos para comunidades y procesos organizativos frente a control ejercido por el autodenominado Ejército Gaitanistas de Colombia. 11 de diciembre de 2025.

7 Ibid.

8 Organización Mundial contra la Tortura (OMCT). Colombia. La escalada de violencia en el suroccidente pone en riesgo la protección de los derechos humanos. 10 de diciembre de 2025. Disponible en: https://www.omct.org/es/recursos/declaraciones/colombia-la-escalada-de-violencia-en-el-suroccidente-pone-en-riesgo-la-protecci%C3%B3n-de-los-derechos-humanos

9 Taula Catalana para la Paz y los derechos humanos en Colombia. Comunicado por los graves ataques contra la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 16 de diciembre de 2025. Disponible en: https://www.taulacolombia.org/es/comunicado-por-los-graves-ataques-contra-la-comision-intereclesial-de-justicia-y-paz/

10 Global Witness. Press Release. Global Witness condemns attacks against colombian defenders in Cauca and Valle del Cauca, 16 de diciembre de 2025. Disponible en: https://globalwitness.org/en/press-releases/global-witness-condemns-attacks-against-colombian-defenders-in-cauca-and-valle-del-cauca/

11 Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Informe. Deterioro de la seguridad en los territorios aumenta el riesgo de la labor en la defensa de los derechos humanos en el suroccidente colombiano. 2 de diciembre de 2025. Disponible en: https://www.justiciaypazcolombia.com/informe-deterioro-de-la-seguridad-en-los-territorios-aumenta-el-riesgo-de-la-labor-en-la-defensa-de-los-dd-hh-suroccidente-colombiano/

¿Quién asume el coste? – Impactos de las economías globales en Colombia

El caso de Buenaventura: riesgos para la defensa de los derechos  humanos frente a intereses corporativos españoles

PBI acompaña en Buenaventura a diversas organizaciones y procesos colectivos de defensa de derechos humanos. Estas colectividades ponen énfasis en la importancia de analizar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos relacionadas con los intereses económicos allí presentes. Atendiendo a estas voces, PBI ha realizado este informe que pretende contribuir a la identificación de dichos intereses, así como a la comprensión del  ontexto territorial y de los riesgos vinculados a la defensa de los derechos humanos y la justicia social y ambiental. A través de una metodología que combina análisis documental, entrevistas y una visita in situ, se busca no sólo documentar los hechos, sino también dar voz a las iniciativas locales orientadas a abordar las causas estructurales de las violaciones a los derechos humanos.

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Descargue el Informe completo.

Defendiendo el futuro: la nueva visión global de PBI para la paz y la protección

Defendiendo el futuro: la nueva visión global de PBI para la paz y la protección

40 años de solidaridad

Brigadas Internacionales de Paz (PBI) se enorgullece en anunciar el lanzamiento de su nuevo plan estratégico global: Defendiendo el futuro (2025-2030), una visión basada en la solidaridad, el coraje y la convicción de que la paz solo es posible cuando se protegen los derechos humanos.

Durante más de cuatro décadas, PBI ha apoyado y acompañado a personas defensoras de los derechos humanos en todo el mundo. A medida que los desafíos globales se vuelven más complejos —desde la crisis climática hasta los conflictos y la reducción del espacio cívico—, nuestra misión nunca ha sido más clara: proteger a quienes protegen. 

A través de este nuevo plan, PBI:

  • Mantendrá y ampliará su acompañamiento holístico de protección a las personas defensoras, incluyendo nuevas zonas geográficas.
  • Trabajará con entidades aliadas para mejorar la disuasión y prevenir ataques contra activistas.
  • Fortalecerá los movimientos globales reuniendo a las personas defensoras para que compartan sus estrategias y aprendizajes.
  • Compartirá sus recursos, proporcionando a las personas defensoras las herramientas, las tácticas y el fortalecimiento de capacidades  necesarias para mantenerse seguras.
  •  Fortalecerá sus procesos internos, fomentando la eficiencia y promoviendo el cuidado.

«El futuro depende del valor de las personas defensoras y de nuestra responsabilidad compartida de apoyarlas». – Secretaría Global de PBI