Con la promesa de introducir cambios sustanciales en Colombia basados en la justicia social y ambiental y transformar la política de seguridad, el recién posesionado presidente Gustavo Petro, afronta serios retos en un momento de creciente violencia sociopolítica. Según 500 organizaciones defensoras de derechos humanos colombianas, el Gobierno saliente de Iván Duque deja un legado de “hambre y guerra”, traducido en la violación sistemática de los derechos humanos, el aumento de la violencia dirigida contra líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos[1], la reactivación del conflicto armado, la expansión del paramilitarismo[2] y otros grupos armados, así como la expansión de cultivos de uso ilícito y la producción de cocaína en el país[3].
En este contexto, el nuevo presidente afirma que priorizará el diálogo social[4] para resolver el conflicto armado que se ha extendido por más de seis décadas en Colombia, y enfatiza en la necesidad de proteger a las comunidades y los derechos humanos para superar las desigualdades históricas en el país. El Gobierno de Petro ha declarado que la “Paz Total”[5], ley aprobada recientemente en el Congreso de la República, será una de las piedras angulares de su política, encaminada al desarme de todas las estructuras armadas ilegales, a la apertura de negociaciones con grupos armados, al sometimiento a la justicia de organizaciones criminales y a la terminación definitiva del conflicto[6]. De hecho, la política de la “Paz Total” acoge varias de las propuestas de “Somos Génesis”, red de más de 180 comunidades étnico-territoriales víctimas del conflicto armado, quienes llevan desde 2020 solicitando que se suscriban Acuerdos Humanitarios Globales y diálogos entre todos los actores armados que les permitan vivir en paz en el territorio[7], peticiones que, lamentablemente, no fueron atendidas por el anterior Gobierno.
