Archivo de la categoría: La lucha por la tierra

Guacamayas: “El simple hecho de mantenerse en el territorio”

En el Cerro Plateado de la cordillera occidental de Antioquia nace el río Atrato. Este río, que recorre su camino a lo largo de los departamentos del Chocó y Antioquia hasta su desembocadura en el golfo de Urabá, es uno de los ríos más abundantes de la zona, y una irrefutable fuente de vida. Aunque también es uno de los lugares más golpeados por el conflicto armado. En particular, la zona del Bajo Atrato y la subregión de Urabá, donde se encuentran registradas cerca de 429.820 víctimas de desplazamiento forzado, despojo de tierras y asesinatos selectivos, entre otras graves violaciones de derechos humanos.

El actuar de industrias bananeras, palmeras y mineras, vinculadas a actores armados, contribuyó a despojar a las comunidades étnicas de sus tierras, ante graves omisiones estatales en términos de garantías de protección. El despojo que han sufrido las comunidades del Bajo Atrato ha tenido como denominador común el atropello de sus derechos ancestrales e impactos medioambientales en sus territorios. Así como la violencia dirigida contra líderes y lideresas reclamantes de tierras, como Mario Castaño, asesinado hace cinco años, el 26 de noviembre de 2017, en su finca ubicada en las cuencas de la Larga y Tumaradó (Bajo Atrato).

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Cahucopana y comunidades minero-campesinas no desisten, resisten por la paz

Una de las organizaciones de derechos humano más emblemáticas de la región del Nordeste Antioqueño, es la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana). Desde su fundación en 2004 ha tenido como objetivo principal defender los derechos de las comunidades campesinas y mineras y brindar mecanismos de protección para que puedan vivir en paz, en medio de un conflicto armado que se perpetúa en el tiempo.

El año 2022 inició con las alertas de varias organizaciones de derechos humanos sobre las crisis humanitarias que están asolando los territorios. Como en muchas otras regiones de Colombia, en el Nordeste Antioqueño, el riesgo no es solo para sus habitantes, sino también para quienes alzan la voz en defensa de las garantías mínimas para la vida y permanencia en el territorio. Es el caso del presidente de Cahucopana, Carlos Morales, quien sufrió un grave atentado el 27 de febrero cuando hombres armados dispararon contra él, su compañera e hijo menor de edad, mientras se desplazaban en motocicleta en la ciudad de Barrancabermeja[1]. Morales, quien durante 16 años ha destacado como líder campesino, opta por resistir al desplazamiento, a pesar de los ataques en su contra y graves amenazas dirigidas contra otros integrantes de Cahucopana, organización que sigue firme junto a las comunidades del Nordeste Antioqueño.

Carlos Morales resiste al desplazamiento forzado “para seguir denunciando lo que está pasando frente al abandono estatal y a las violaciones a los derechos humanos porque el Gobierno Nacional no ha implementado los Acuerdos de Paz”.

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Persisten amenazas de muerte contra ambientalistas en el Magdalena Medio

El Magdalena Medio, región a la que pertenecen el 6% de las víctimas del conflicto armado colombiano, ha sufrido históricamente graves impactos negativos por el modelo económico extractivista. Hoy, una vez más, sus líderes ambientales y personas defensoras de derechos humanos se encuentran gravemente amenazadas y en riesgo de desplazamiento. Allí donde las comunidades han sufrido la expropiación de sus tierras, la expansión de agronegocios y la explotación de hidrocarburos durante más de un siglo, se extiende una inmensa fauna y flora compuesta por innumerables fuentes hidrícas, ríos y ciénagas. La extracción de petróleo ha ocasionado daños irreparables en ellas, y ha afectado gravemente a comunidades que se han dedicado ancestralmente a la pesca. Además, la economía de enclave del Magdalena Medio, no ha generado beneficios para las comunidades que protegen la región, donde se sufren serias limitaciones en el acceso a los servicios de agua potable y energía.

Recientemente, las organizaciones defensoras de derechos humanos y del medioambiente como la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) han conseguido, a través de sus constantes denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos, que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dirija sus ojos hacia el Magdalena Medio y priorice investigar los crímenes cometidos por la Fuerza Pública en el marco del conflicto armado. A pesar de la importancia de priorizar la región, por las graves afectaciones sufridas en el marco del conflicto armado, es alarmante el riesgo al que, a día de hoy, siguen expuestos los y las integrantes de CREDHOS y organizaciones aliadas como el Comité para la defensa del Agua, la vida y el Territorio (AGUAWIL) y la Federación de Pescadores Artesanales, Ambientales y Turísticos de Santander (Fedepesán). Es por ello, que es ugente esclarecer estos graves hechos para que existan verdaderas garantías de no-repetición en una de las regiones más azotadas por el conflicto armado.

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El pueblo embera en defensa de su territorio sagrado

En el Bajo Atrato, a caballo entre los departamentos de Antioquia y Chocó, el cerro “Careperro” o Jaika tuma, se erige como un lugar sagrado para el pueblo indígena embera eyabida, traducido como “habitantes de las montañas” [1]. El río Atrato, que recorre ambos departamentos y desemboca en el Caribe, está habitado por multitud de comunidades afrocolombianas, mestizas e indígenas, muchas de las cuales son acompañadas por la Comisión de Justicia y Paz (JyP), organización acompañada por PBI desde 1994. Entre estas últimas, a orillas del río Jiguamiandó -ramificación del Atrato- y en las inmediaciones del cerro Jaika Tuma, habitan ocho comunidades[2] del pueblo embera organizadas en el Resguardo Indígena Uradá-Jiguamiandó. Para ellas, el cerro es un lugar sagrado y fuente de vida, entre otras razones, porque es de donde obtienen el agua y los jaibaná –- médicos tradicionales– – se surten de plantas medicinales.

Históricamente, las comunidades étnicas de la región del Bajo Atrato han resistido a los intereses que diversos megaproyectos han tenido sobre sus territorios ancestrales. El actuar de industrias bananeras, palmeras y mineras, que contribuyó en el despojo de las tierras de las comunidades, ha tenido como denominador común el atropello de sus derechos ancestrales, la comisión de graves violaciones de derechos humanos e impactos medioambientales en sus territorios[3]. De hecho, algunas de estas empresas, que fueron una pieza más en el complejo engranaje del conflicto armado, han sido investigadas y, en ocasiones, condenadas por colaborar con grupos paramilitares en la región[4].

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Huber Velásquez, «hoy marchamos por el respeto a la vida y a vivir en nuestro territorio»

Este viernes 17 de diciembre de 2021, fue asesinado el líder social Huber Velásquez en la vereda La Balsa, corregimiento de San José. Los hechos ocurrieronen “la Batea”, lugar que se encuentra a pocos metros de lo que en algún momento fue el estero de su hermano Iván Velásquez, asesinado el 2 de enero de 2002 tras negarse a participar en el cerco alimentario que el ejército utilizaba como estrategia de presión hacia la Comunidad de Paz [1].

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