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Convertir la pérdida en poder popular

(Daniela Cuenca, Brigadista de terreno)

La tierra colombiana es también tierra de organización popular, de resistencia y de luchas persistentes por los derechos humanos. En medio de su diversidad, su complejidad y sus profundas heridas, han sido los movimientos sociales quienes han sostenido la defensa de la vida frente a la violencia. Yanette Bautista es, y será siempre, una de las referentes indiscutidas de ese largo camino: una mujer que transformó una experiencia íntima de dolor (la violencia política atravesando su propia familia) en organización, en red, en comunidad. Donde hubo miedo y angustia, Yanette ayudó a construir poder colectivo; donde hubo pérdida, sembró memoria y esperanza.

Yannette Bautista
Yannette Bautista

Yanette inició su militancia en la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (ASFADDES) tras la desaparición forzada de su hermana, Nydia Érika Bautista, el 30 de agosto de 1987, en una operación conjunta de las Brigadas III y XX del Ejército Nacional1. Durante tres años emprendió una búsqueda incansable hasta lograr encontrar sus restos: Nydia había sido asesinada y enterrada como NN en un cementerio de Guayabetal, en el departamento de Cundinamarca2.

A finales de los años noventa, Yanette llegó a presidir la Federación de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de América Latina (FEDEFAM), consolidando su liderazgo más allá de las fronteras de Colombia. Sin embargo, su compromiso también tuvo un alto costo: fue víctima de amenazas, hostigamientos y persecución política3, lo que la obligó a vivir en el exilio en España, Alemania y Costa Rica. Durante ese tiempo, lejos de detenerse, continuó organizando, articulando y sosteniendo procesos de denuncia contra la desaparición forzada.

En 2006, tras su regreso a Colombia, fundó formalmente la Fundación Nydia Érika Bautista por los Derechos Humanos (FNEB), aunque sus bases ya se habían tejido durante sus años de exilio en Alemania, luego de más de una década de lucha. Yanette fue la directora de la Fundación hasta su fallecimiento, el 1 de septiembre de 2025. 4Dedicó su vida entera a la reconstrucción del tejido social que la violencia intentó romper, convencida de que la memoria, la organización y el cuidado mutuo son formas profundas de justicia. Por eso, su ausencia hoy también es memoria colectiva. Su historia y su legado marcan un horizonte: no sólo para quienes creemos que otros mundos son posibles, sino para quienes, día a día, participan activamente en el cuidado de esos mundos amables que ya existen.

Tres meses antes de su partida, el 9 de junio de 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó oficialmente a Yanette Bautista como víctima y como mujer buscadora en los macrocasos 08 y 11.5 Con este reconocimiento, la JEP validó no solo el sufrimiento personal provocado por la desaparición de su hermana, sino también su labor constante en la búsqueda de verdad y justicia, y su acompañamiento comprometido a cientos de familias víctimas en Colombia.

Acompañar para reconstruir, organizar para resistir

La Fundación Nydia Erika Bautista se dedica a la protección de los derechos de familiares de personas desaparecidas y ofrece un acompañamiento con enfoque integral, participativo y de género, ya que las búsquedas son encabezadas en su mayoría por mujeres, quienes afrontan diferentes daños a su salud física y mental en el arduo camino para encontrar a sus seres queridos6. La organización lucha contra la estigmatización a la que se ven expuestas las mujeres defensoras de DD.HH y la revictimización que atraviesan a diario por parte de organismos estatales y algunos sectores de la sociedad.

Según Amnistía Internacional Colombia “Las buscadoras en Colombia sufren de estigmatización en el discurso público, viven afectaciones a su dignidad humana, son discriminadas y afectadas en su buen nombre en respuesta a las denuncias que han hecho. Sufren violencia física, que en el caso de las mujeres buscadoras, tiene un carácter especial y causa un daño diferenciado, pues está atravesada por la violencia basada en género, por su vulnerabilidad a la violencia sexual y por un continuo de violencias contra la mujer que se expresa durante todo el ejercicio de búsqueda de los seres queridos desaparecidos forzadamente.7

Estas mujeres caminan la misma senda que recorren las madres de México que hoy excavan la tierra con sus propias manos y que las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo8 comenzaron a trazar en Argentina hace casi medio siglo, cuando transformaron el terror de la desaparición en una lucha pública por la verdad; en estos territorios latinoamericanos, atravesados por violencias similares, son mujeres (madres, hermanas, abuelas) las que enfrentan al poder, al silencio y a la impunidad, convirtiendo su dolor en organización colectiva, en memoria viva, en pedagogía del amor y sosteniendo una verdad común que atraviesa fronteras: que sin los cuerpos, sin los nombres, sin justicia, no hay paz posible para nuestros pueblos.

La Ley de Mujeres Buscadoras: un precedente nacido desde los territorios

En este camino de construir poder popular y reconocimiento a las mujeres que buscan en los diferentes territorios del país, la FNEB propulsó la Ley 2364 en 20249, que fue finalmente reglamentada por un decreto en enero 2026.10 Esta normativa, conocida como “Ley de Mujeres Buscadoras”, marca un hito en la historia reciente del país y se constituye como un precedente para Latinoamerica y el resto del mundo, proponiendo un enfoque integral que reconoce que las búsquedas de las personas desaparecidas han sido sostenidas, mayoritariamente, por mujeres que asumieron esta tarea en escenarios complejos, de abandono y violencia, estigmatización y riesgo. En este sentido, se incorpora una perspectiva de género que reconoce las desigualdades estructurales que vivencian estas mujeres, así como las violencias diferenciadas que enfrentan por su condición de género, etnia y su rol comunitario.

Otro aporte central es el reconocimiento de la búsqueda como un trabajo social, político y comunitario, y no únicamente como una experiencia de duelo privada e individual. Se visibiliza la carga emocional, física y económica que implica buscar en Colombia, y establece obligaciones estatales en materia de protección, acompañamiento psico espiritual, acceso a la justicia y garantías de no repetición. De esta manera, transforma una práctica históricamente invisibilizada en una responsabilidad pública11.

En un escenario regional marcado por la persistencia de la desaparición forzada en países como México, Argentina, Guatemala o Perú12, la experiencia colombiana ofrece una referencia concreta: una legislación construida desde la lucha de las propias buscadoras, que reconoce su agencia política y su papel en la reconstrucción del tejido social. Más que un cierre, esta ley abre un camino posible para pensar marcos normativos que partan del cuidado, la memoria y la justicia con enfoque de género.

Finalmente, el verdadero desafío que plantea la Ley de Mujeres Buscadoras no es solo su existencia formal, sino su implementación efectiva. Convertir este reconocimiento en políticas públicas sostenidas, con recursos adecuados y garantías reales, es una tarea pendiente que interpela tanto al Estado colombiano como a la comunidad internacional13. Acompañar este proceso es fundamental para que este precedente no quede aislado, sino que inspire transformaciones profundas en otros territorios atravesados por la violencia y la búsqueda.

La militancia desde el amor

El trabajo de Yanette no se limitó a la incidencia jurídica ni a la construcción normativa, su mayor legado vive en los procesos colectivos que acompañó y fortaleció en los territorios. La organización Madres por la Vida de Buenaventura14, es un ejemplo de como Yanette fue no sólo una aliada, sino una guía política y afectiva. Según relatan muchas de ellas, durante las actividades compartidas, su acompañamiento fue decisivo para reconocerse como sujetas políticas, como defensoras de derechos humanos en sus propios territorios, capaces de exigir verdad, memoria y justicia sin renunciar al cuidado colectivo.

A estas mujeres se las conoce como “las patidescalzas”15: madres que caminan descalzas sus barrios, riberas y cementerios, sosteniendo la búsqueda con el cuerpo expuesto y la memoria viva. Esa forma de nombrarse condensa una ética de la lucha que Yanette supo leer y fortalecer: la de mujeres que, aun en condiciones extremas, convierten el dolor en organización y el aislamiento en red. Este mismo enfoque guió su acompañamiento a otros procesos emblemáticos del país, como el de las madres de la Comuna 13 de Medellín, que comparten su lucha en el documental Si la escombrera hablara”16. Allí, la palabra poética y el arte se transformaron en denuncia, en archivo vivo, en una manera de decir aquello que la tierra esconde y el Estado aún se resiste a escuchar.

En palabras de una de ellas “ Yanette fue la que nos dijo que sí podíamos buscar, que sí podiamos buscar en el mar, en el estero, en el río. Era la que siempre nos decía “Hágale mamita que usted puede”. Hoy, su “mayora” está presente en cada momento de encuentro, en cada espacio de limpieza espiritual que se llena de alabaos y la nombra, la recuerda, manteniendo viva su lucha en el tiempo.

Defender la vida

La historia de Yanette no es una historia más: es una historia poderosa, profundamente enraizada en la vida de Colombia. Su trabajo hizo (y hace) frente al horror, memoria frente al olvido, lucha frente a la impunidad. Pero también habla de un país que, aun atravesado por la violencia, no ha perdido la capacidad de cuidarse, de encontrarse, de celebrar la vida.

Colombia es también la amabilidad que se ofrece sin preguntas, el baile que irrumpe incluso en medio del duelo, la risa compartida, la solidaridad cotidiana entre quienes resisten juntxs. Es la fuerza de las mujeres, la ternura que convive con la firmeza, la creatividad que transforma el dolor en arte y el miedo en comunidad. En ese país diverso y vibrante, la lucha por los derechos humanos no es sólo activismo: es abrazo, es cuerpo en movimiento, es amor organizado.

Apoyar el legado de Yanette Bautista no es únicamente un gesto simbólico: es apostar por esa Colombia que ya existe, la que se levanta desde los territorios, la que cree en la verdad, la justicia y la reparación como caminos posibles. Es respaldar a quienes, con alegría, coraje y compromiso, trabajan cada día por sostener la vida y seguir construyendo futuros dignos, donde la memoria no pese como una carga, sino que ilumine el camino compartido.

 

 

7Amnistía Internacional. (2024). Colombia: El tempestuoso camino de las buscadoras de víctimas de desaparición forzada. Amnistía Internacional. https://www.amnesty.org/es/latest/news/2024/12/colombia-buscadoras-desaparicion-forzada/https://www.amnesty.org/es/latest/news/2024/12/colombia-buscadoras-desaparicion-forzada/

Unión es protección

Unión es protección: Comunidad de Paz desarrolla concepto integral de vida y protección en Colombia

por Michael Harram, Brigadista de terreno, PBI Colombia

Nos ubicamos en lo profundo del Urabá antioqueño, entre naturaleza y cultivos varios. Se encuentra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, un grupo de campesinxs que lleva casi treinta años resistiendo desde el trabajo, la unión y la dignidad, bajo el férreo principio de la no violencia y la neutralidad ante el conflicto armado. Aquella comunidad nació oficialmente el 23 de marzo de 1997, cuando sus habitantes, cansados de la violencia y del control de los grupos armados, decidieron algo muy fuerte: declararse neutrales, vivir sin armas y organizarse bajo principios de solidaridad, respeto y autonomía.

La región del Urabá siempre ha sido terreno de conflicto. Su ubicación, estratégica entre el Caribe, el Chocó y el interior de Antioquia, la convierte en un punto clave para el comercio, pero también en un lugar donde muchos quisieron tener el control. Esta zona de ríos, montañas y suelos fértiles es ideal para sembrar cacao, maíz, plátano y yuca… pero esa misma riqueza también trae violencia. En los años ochenta y noventa la guerra se instaló de lleno: guerrillas, paramilitares y el Ejército se enfrentaban sin tregua, y el campesinado quedaba atrapado en medio del fuego cruzado. Muchas personas fueron desplazadas, otras asesinadas solo por negarse a tomar partido. Las personas de la comunidad se cansaron de tanta violencia y crearon una comunidad basada en la paz, la solidaridad y el trabajo compartido. Querían demostrar que era posible vivir sin armas, cuidando la tierra y apoyándose entre todas. Esa apuesta por estar juntos y juntas es lo que les permitió crecer como resistencia.

Toda esta violencia hizo que rompieran relaciones con la fuerza pública y otras instituciones del Estado, porque alegan que no les brindan las garantías de seguridad que pide la comunidad, también por vínculos que según constantes denuncias de la la misma Comunidad la Brigada XVII historicamente ha tenido con grupos paramilitares.

Con el paso del tiempo, La Comunidad de Paz comenzó a articular varias estrategias de resistencia, resiliencia y autoprotección. Ellxs tienen claro: la unión es protección. Y por eso trabajan la para construir esa unión, cada día y a todo nivel: social, económico, ecológico, educativo, cultural y espiritual, además de internacional. En primer lugar, el trabajo comunitario: hacer las mingas, jornadas laborales colectivas donde familias enteras siembran, cosechan y comparten los frutos. Eso garantiza que nadie pase hambre y refuerza los lazos entre todxs – el tejido social. De ahí nació la apuesta por la soberanía alimentaria: producir lo propio para no depender del mercado ni de ayuda externa, algo vital cuando las carreteras estaban bloqueadas por retenes ilegales y se hizo imposible llegar a los mercados.

Más tarde, adoptaron la agroecología: dejar los químicos, conservar semillas nativas, cuidar el suelo y el agua, trabajar en armonía con la naturaleza. No solo es una técnica, es un gesto político, y colaboran con emprendimientos como Lush Cosmetics, quienes se convirtieron en socios internacionales para comprarle a la Comunidad un cacao más ecológico y respetuoso con el medioambiente para la producción de jabones.

El cultivo de cacao orgánico se volvió otro pilar de su resistencia. Los y las campesinas de la Comunidad de Paz lo siembran en sistemas que cuidan la biodiversidad, lo fermentan, lo secan y lo venden bajo comercio justo. Hoy ese cacao es su principal fuente de ingresos y también un símbolo de autonomía; demuestra que se puede vivir del campo sin destruirlo. Las ganancias permiten sostener proyectos en educación, salud y mejoras comunitarias.

La memoria y la cultura tienen un papel clave en el camino de la Comunidad de Paz. Recordar a las víctimas, hacer caminatas por los sitios donde ocurrieron crímenes, sembrar árboles, pintar murales, cantar, contar historias y producir obras de teatro comunitario — todo eso mantiene viva la identidad campesina y refuerza la comunidad. Tienen espacios físicos como mausoleos o cementerios propios para honrar a quienes han caído, y esas acciones son resistentes por sí solas. Hacen acciones de memoria, como el via crucis que realizan en Semana Santa, recordando a sus seres queridos, o diferentes estructuras espirituales: hacer memoria es pasar por el corazón.

Hoy, uno de los retos más grandes para la comunidad es el tema de la tierra. Mientras sigue habiendo amenazas de grupos armados ilegales que provoca desplazamientos en la región, se instala la problemática del extractivismo. Empresas de palma, minería o ganadería buscan quedarse con el territorio, prometiendo desarrollo, pero en realidad ponen en riesgo la autonomía de la comunidad y destruyen la naturaleza. La Comunidad de Paz defiende su territorio en contra de planes de una carretera que pasaría por sus terrenos y que según las denuncias de la Comunidad carece de una planificación legal, resistencia que ha provocado ataques violentos y hasta asesinatos en contra de la Comunidad.

Aun cuando la comunidad recibió un reconocimiento, e incluso una disculpa pública, del mismo Estado y medidas de protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos , reciben amenazas, vigilancia y hostigamientos: intentos de intimidación para que se alineen o dejen el terreno. Ponen a la población civil en la zona en contra de la Comunidad, lo que provoca su aislamiento . Pero sus integrantes se mantienen fieles a sus métodos pacíficos de resistencia. Siguen firmes con sus principios de no violencia y neutralidad, defienden su territorio, se apoyan entre ellxs y hacen visible su lucha ante organizaciones nacionales e internacionales. Saben que la violencia cambió de forma, pero el riesgo sigue ahí. Por eso se enfrentan a la violencia a su manera: defienden la tierra, cuidan el agua, reforestan y perseveran en su proyecto de vida colectivo, siempre respetando el principio de no violencia.

La tierra se trabaja en familia y comunidad. Cada familia tiene su parcela, pero hay terrenos comunes y actividades colectivas en las que todos participan. Los alimentos o el pancoger se reparten entre las familias conforme a sus necesidades, y el excedente se comparte o se vende colectivamente. Los ingresos del cacao y otros productos permiten financiar proyectos comunes. Este modelo demuestra que la cooperación es más fuerte que el egoísmo. Permiten que los y las jóvenes puedan trabajar y les dan un jornal, para que puedan tener sus ingresos y que cada unx pueda ayudar a su familia. Esto también crea un relevo generacional para que la comunidad pueda seguir muchos años.

En educación, los niños y niñas aprenden mucho más que a leer o escribir: aprenden a vivir como comunidad y a resistir. Desde muy pequeñxs conocen sus derechos, la historia de su pueblo y cómo cuidar la tierra. Las niñas tienen un papel clave: participan en la escuela, ayudan en los cultivos y en proyectos comunitarios, lideran actividades y cuidan la memoria de la comunidad, aprendiendo a ser fuertes, responsables y cuidadoras de su territorio. La cultura, la música, el teatro, las artesanías y la memoria diaria se convierten en formas de educar, resistir y construir sentido de pertenencia. Siempre son transparentes con las infancias; en ningún momento les ocultan ningún evento catastrófico ni nada relevante que haya pasado en la comunidad. Eso es parte de seguir manteniendo viva la memoria histórica.

Finalmente, la soberanía alimentaria les permitió no solo resistir, sino vivir con dignidad. En los momentos más duros, cuando la comida no llegaba y los caminos estaban cerrados, la comunidad se alimentaba con lo que producía. Sus huertas y cultivos diversificados aseguraron que nadie pasara hambre y fortalecieron su independencia económica y política. El trabajo en la tierra se transformó en un acto de vida.

Así, en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, sembrar no es solo cultivar alimentos, sino sembrar vida, resistencia y esperanza. Cada huerta, cada grano de cacao, cada aula, cada caminata por la memoria es un recordatorio de que la paz se construye día a día, con esfuerzo colectivo, cuidado de la tierra y compromiso de proteger a la comunidad para las futuras generaciones. Allí, donde la violencia intentó borrar la esperanza, la vida sigue creciendo, y la paz huele a cacao, a tierra mojada y a dignidad campesina.

LEY DE MUJERES BUSCADORAS

Ley de Mujeres Buscadoras: Un logro para todas las mujeres que buscan  (por Naiara Indira Martínez: brigadista de terreno, equipo Bogotá) 

Colombia es uno de los países con mayor número de personas desaparecidas no sólo en Ameŕica Latina, sino a nivel mundial: la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) cuentan más de 100,000 personas registradas oficialmente, siendo un total de 204,191 personas registradas, mientras otros medios destacan que serían muchas más.

La Fundación Nydia Érika Bautista (FNEB) desde su creación ha acompañando a personas particularmente a mujeres, que buscan a sus personas desaparecidas. La realidad es que si nos paramos a pensar en quiénes nos buscarían en caso de que desapareciéramos, probablemente la respuesta de casi todxs nosotrxs sea una mujer: madre, abuela, hermana, tía, prima, amiga… Y precisamente este enfoque diferencial es el que ha tenido siempre presente FNEB: porque son las mujeres las que buscan y dedican su vida en cuerpo y alma a ello.

Son años en los que la Fundación lleva persiguiendo una ley que ampare los derechos de las mujeres buscadoras; han sido muchos años de amenazas, secuestros, torturas, estigmatizaciones y revictimizaciones. Tras varios debates institucionales, el 04 de abril del 2024 se aprobó en el Senado el Proyecto de Ley N.º 242 de 2022, hasta que en junio del presente año finalmente se ratificó la LEY 2364 DE 2024 firmada por el presidente de la Nación, Gustavo Petro. Cabe destacar que esta ley es la primera en el mundo en designar a las mujeres que buscan como sujetos activos; esto puede ser referente para otros países donde también hubo muchas desapariciones como Argentina, Chile o México.

Esta ley garantiza medidas de protección a las mujeres buscadoras por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y ser consideradas como sujetos constructoras de paz en Colombia. Además de la creación de un Registro Único de Mujeres Buscadoras para tener un conteo de cuántas personas han sido afectadas de manera indirecta por la desaparición forzada, se les deberá proteger garantizándoles unas medidas de bienestar: vivienda digna, acceso a sanidad, educación, entre otras.

Otra de las medidas simbólicas que reconoce esta ley es que el 23 de octubre sea reconocido como Día Nacional de las Mujeres Buscadoras (aunque esto no se queda sólo en territorio colombiano. Uno de sus artículos ordena que la delegación diplomática de la Cancillería solicite ante la Asamblea General de la ONU el reconocimiento mundial de esta población para crear el Día Mundial de las Mujeres Buscadoras). Esta fecha no fue aleatoria, sino que se eligió en honor a Fabiola Lalinde, mujer buscadora de su hijo desde el 1984, año en el que fue desaparecido por parte del Ejército colombiano. Durante todos estos años de búsqueda sufrió múltiples violencias, y en el 1988 el Ejército colombiano le colocó un kilo de cocaína en la ciudad de Medellín, hecho para llevarla presa y desprestigiar su labor de búsqueda. Su caso es un ejemplo, siendo uno de los primeros en los cuales la CIDH reconoció la responsabilidad del Estado en ello.

Esta ley representa un logro para todas las personas que buscan a nivel mundial y un pequeño impulso para mejorar las condiciones y que en un futuro, ojalá no sea necesaria la existencia de legislativas de este carácter por no haber más personas desaparecidas.

Día Nacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Víctimas de Desaparición Forzada; se reconoce a Nydia Erika Bautista y familiares como víctimas entre otras mujeres buscadoras después de años de búsqueda de reconocimiento.

Día Nacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Víctimas de Desaparición Forzada; se reconoce a Nydia Erika Bautista y familiares como víctimas entre otras mujeres buscadoras después de años de búsqueda de reconocimiento.

A 18 años de la Masacre de Mulatos y La Resbalosa

Hace 18 años ocurrió un hecho que marcó a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó: la Masacre de Mulatos y La Resbalosa, en donde fueron cruelmente asesinadas 8 personas, de las cuales 3 de ellas menores de edad. Dicha masacre, perpetrada por la Brigada XVII del Ejército y el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), marcó un hito de separación con el Estado debido a la falta de garantías de seguridad y a su responsabilidad en torno a la impunidad de estos y más hechos de violencia que ha enfrentado la Comunidad de Paz desde su conformación.
La comunidad, que el 23 de marzo de 1997 se declaró Comunidad de Paz como estrategia de resistencia y permanencia en el territorio en medio del conflicto armado, no ha dejado de ser objeto de actos de violencia por parte de actores armados legales e ilegales.

Ahora, con la fuerza y determinación acumulada después de años de resistencia y lucha, la Comunidad rindió homenaje a las 8 personas asesinadas, 7 de las cuales eran miembros de la Comunidad de Paz: Luis Eduardo Guerra, Bellanira Areiza, Deiner Guerra, Alfonso Bolívar Tuberquia, Sandra Muñoz, Natalia Tuberquia Muñoz y Santiago Tuberquia Muñoz.
En este acto conmemorativo y solemne, se entonaron cantos liderados por la voz de las niñas y los niños que conforman la Comunidad. Se recordó a cada miembro ausente físicamente, pero que están necesariamente presentes en la memoria colectiva para seguir defendiendo el territorio y exigiendo justicia.

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Credhos víctima colectiva en caso 08 de la JEP: “Hoy como ayer”

El 4 de noviembre de 2022 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció como víctima colectiva e interviniente especial a la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) en el caso 08, cuya apertura fue anunciada a finales de agosto de este año [1]. Este proceso de la justicia transicional colombiana investiga los crímenes cometidos por integrantes de la fuerza pública, otros agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el marco del conflicto armado. Desde 1987, cuando Credhos empezó su trabajo en defensa y protección de los derechos humanos en la ciudad de Barrancabermeja, ha documentado detalladamente 16 casos de ejecuciones extrajudiciales en contra de sus integrantes, perpetrados por grupos paramilitares en connivencia con agentes del Estado colombiano. Además de 10 casos de desplazamiento forzado, cuatro atentados y detenciones arbitrarias. Bajo el título “Hoy como ayer: Informe sobre victimización a personas defensoras de Derechos Humanos de la Región del Magdalena Medio en el marco del conflicto armado (1987-2016) -Caso Credhos-”, la organización radicó el informe ante la JEP en el que se detallan los hechos que afectaron a más de 80 de sus miembros desde 1987 hasta 2016. Y, efectivamente, “hoy como ayer” siguen siendo graves los ataques contra la emblemática organización de Barrancabermeja: el 27 de octubre de este año Credhos fue declarada objetivo militar después de que denunciaran públicamente la falta de respuesta de las autoridades frente a la escalada de violencia en Barrancabermeja [2], y exigieran respuesta frente a los presuntos vínculos entre autoridades estatales y el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) [3].

Resumir el trabajo y la lucha contra la impunidad que ha llevado a cabo Credhos durante más de tres décadas no es fácil. Manuel Camilo Ayala Sandoval, joven abogado de la organización, experto en todos los asuntos que tienen que ver con la justicia transicional, lo intenta mientras la torrencial lluvia de Barrancabermeja nos trae el olor a petróleo a la casa de PBI lugar que fue, durante los años de más violencia, uno de los pocos espacios seguros para muchas personas defensoras de derechos humanos de la ciudad. Camilo recuerda con cariño las historias que le contaban los y las compañeras con mayor tiempo en Credhos, como aquel 24 de diciembre a finales de los 90, en el que integrantes de la organización “estuvieron encerrados en la casa de PBI debido a la situación crítica que se vivía: los podían matar en cualquier esquina. Cada vez que vengo a la casa de PBI me los imagino”.

Camilo Ayala abogado de CREDHOS interviene ante la JEP (SRVR) en la entrega del primer informe el 20 de abril de 2018 en Barrancabermeja.

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