En el Bajo Atrato, a caballo entre los departamentos de Antioquia y Chocó, el cerro “Careperro” o Jaika tuma, se erige como un lugar sagrado para el pueblo indígena embera eyabida, traducido como “habitantes de las montañas” [1]. El río Atrato, que recorre ambos departamentos y desemboca en el Caribe, está habitado por multitud de comunidades afrocolombianas, mestizas e indígenas, muchas de las cuales son acompañadas por la Comisión de Justicia y Paz (JyP), organización acompañada por PBI desde 1994. Entre estas últimas, a orillas del río Jiguamiandó -ramificación del Atrato- y en las inmediaciones del cerro Jaika Tuma, habitan ocho comunidades[2] del pueblo embera organizadas en el Resguardo Indígena Uradá-Jiguamiandó. Para ellas, el cerro es un lugar sagrado y fuente de vida, entre otras razones, porque es de donde obtienen el agua y los jaibaná –- médicos tradicionales– – se surten de plantas medicinales.

Históricamente, las comunidades étnicas de la región del Bajo Atrato han resistido a los intereses que diversos megaproyectos han tenido sobre sus territorios ancestrales. El actuar de industrias bananeras, palmeras y mineras, que contribuyó en el despojo de las tierras de las comunidades, ha tenido como denominador común el atropello de sus derechos ancestrales, la comisión de graves violaciones de derechos humanos e impactos medioambientales en sus territorios[3]. De hecho, algunas de estas empresas, que fueron una pieza más en el complejo engranaje del conflicto armado, han sido investigadas y, en ocasiones, condenadas por colaborar con grupos paramilitares en la región[4].

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